Fundación cuestiona criterios para crear más empleos en el Gobierno

El Salvador es uno de los países de América Latina que más gasta en salarios para burócratas, lo que se convierte en un verdadero reto para el Gobierno entrante, según expertos.

Sofía Flores de la O. Foto EDH/ Archivo

Por Luis Andrés Marroquín

Abr 04, 2019- 21:57

Cuando se le consulta a Sofía Flores de la O sobre el aumento de plazas en el Gobierno y lo que implica en gastos para el Estado, la Directora Ejecutiva de la Fundación DTJ tiene más preguntas que respuestas para las autoridades gubernamentales.

La alta ejecutiva de Democracia, Transparencia y Justicia (DT) primero reflexiona que un mayor número de burócratas no siempre se traduce en “calidad” y cuestiona los criterios que se tomaron para aumentar plazas y subir sueldos.

Flores de la O le deja un mensaje muy claro a la administración que está por tomar las riendas del Gobierno, que encabezará el presidente electo Nayib Bukele.

“Invitamos al presidente electo a liderar este esfuerzo y a motivar a los diputados a iniciar, cuanto antes, el estudio del anteproyecto de la Ley del Servicio Público, el cual debe pasar por un proceso de estudio y discusión amplio e inclusivo, abriendo su análisis a los diferentes sectores interesados, como lo son los sindicatos, la sociedad civil y la ciudadanía en general”, dice máxima líder de DTJ.

La plática de El Diario de Hoy (EDH) con ella comienza haciendo alusión al análisis del presupuesto de 2019 que publicó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), donde advierten de una serie de inconsistencias con el empleo público y los gastos requeridos para el pago de salarios.

Un informe de Fusades dice que los dos gobiernos del FMLN han creado más de 37 mil nuevos empleos en el Gobierno, ¿qué opinión tiene al respecto el DTJ?

“Precisamente como lo refleja el estudio de Fusades sobre las implicaciones del incremento en el empleo público y las remuneraciones en el presupuesto 2019, ambos elementos han venido incrementando a partir de 2008 de una manera constante. Cuando nos comparamos con otros países de la región, El Salvador es uno de los que más gasta en remuneraciones en el sector público, lo cual está relacionado con el aumento en el número de empleados y por salarios más altos. Ante este panorama, surgen varias interrogantes.  ¿Cuáles han sido los criterios para crear más empleos? ¿Bajo qué criterios se han realizado los aumentos salariales? ¿Estas decisiones son coherentes a la realidad fiscal del país?”.

¿Qué impacto económico genera para las arcas del Estado estas remuneraciones?

“En el año 2017, la Sala de lo Constitucional de ese periodo emitió una sentencia de inconstitucionalidad al presupuesto 2017, en la que señala y exige al Órgano Ejecutivo y al Legislativo el adoptar medidas de ahorro y austeridad ante la innegable crisis fiscal de las arcas públicas. A pesar de este claro precedente, el aumento en plazas y remuneraciones continuó, lo que conlleva a un considerable incremento de los gastos del Estado. ¿En qué se traduce? En un aumento en el déficit fiscal, debilitando aún más las débiles finanzas del Estado, porque estamos gastando más de lo que tenemos, incrementando la deuda”.

¿Consideran necesario el aumento de plazas en el Gobierno? Un mayor número de empleados públicos, ¿se traduce en mejores servicios para la población?

“Cantidad no siempre equivale a calidad. En este caso, un incremento en el número de empleados públicos no se ha traducido, necesariamente, en una mejora en los servicios públicos. En primer lugar, estos incrementos han dejado de lado lo dictado por la Sala de lo Constitucional en 2017 con respecto a frenar el aumento del gasto en remuneraciones, así como también ha desestimado lo contemplado en la Ley de Responsabilidad fiscal. En segundo lugar, el mayor incremento de plazas se registra en el rubro de salud, educación y seguridad, lo que es comprensible considerando que son 3 de las áreas que presentan mayores retos en términos de cobertura de servicios. Sin embargo, diferentes indicadores nacionales e internacionales indican que este aumento, no se ha traducido en mejoras en la calidad de los servicios prestados a los salvadoreños. En este sentido, es claro que los aumentos no se han dado con base en criterios claros y técnicos, ya que carecen de un enfoque basado en resultados y necesidades. Esto está íntimamente relacionado con la falta de contar con un presupuesto por resultados, lo que complica su medición y la identificación de necesidades reales dentro del Estado”.

Como DTJ, ¿qué proponen al nuevo gobierno en relación al aumento de los empleos en el Gobierno? Y como DTJ, ¿tienen alguna propuesta en general para evitar mayores gastos en remuneraciones en el Estado?

“La administración entrante tiene una valiosa oportunidad en sus manos, ya que puede asumir el liderazgo necesario para impulsar el ordenamiento y la reforma de la administración pública. ¿Cómo? Un elemento determinante es la aprobación de una nueva Ley del Servicio Público, con la cual se tendría la base para iniciar un proceso de evolución de nuestras instituciones, convirtiéndose en instituciones eficientes y ágiles, con funcionarios públicos integrales, capaces y con vocación de servicio. Esta ley vendría a regular las contrataciones y la política salarial con base en criterios técnicos -desempeño, idoneidad y disponibilidad de recursos. A su vez, esto ayudaría a reducir las existentes desigualdades entre instituciones. En este sentido, invitamos al presidente electo a liderar este esfuerzo y a motivar a los diputados a iniciar, cuanto antes, el estudio del anteproyecto de la Ley del Servicio Público, el cual debe pasar por un proceso de estudio y discusión amplio e inclusivo, abriendo su análisis a los diferentes sectores interesados, como lo son los sindicatos, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Como Fundación DTJ participamos en el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP), junto con otras 15 organizaciones, quienes compartimos una misma visión: que los salvadoreños merecemos una función pública al servicio de los salvadoreños, basada en los principios del mérito, transparencia, equidad y eficiencia. Consideramos que es necesario analizar la situación actual desde esta visión, poniendo en el centro de la discusión las necesidades e intereses de los salvadoreños y buscando generar las condiciones para mejorar su calidad de vida”.

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