La ley los obliga a los funcionarios a acudir a dar explicaciones cuando la Asamblea lo requiere.
El artículo 132 de la Constitución dice que “todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones autónomas y miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquéllos, así como las de cualquier otra persona, requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”.
Analistas políticos opinan que los funcionarios deben de tener cierta autonomía para la realización de su gestión en la institución que dirigen. Las opiniones se deben a las declaraciones que dio la Ministra de Educación, Carla Hananía, el pasado martes en un medio televisivo, donde dijo que asistirá a la Asamblea Legislativa si se lo autoriza el presidente, Nayib Bukele.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, señala que la Asamblea, haciendo uso de su control constitucional, puede solicitarle a los ministros que justifiquen el presupuesto de 2021.
“Si en un dado caso la comisión de Hacienda considera necesario que llegue cualquier titular de una institución para que le explique el gasto, esto es en beneficio de la entidad, para que se pueda aprobar el presupuesto solicitado”, dijo.
Escobar expone que no le extraña esta postura debido a que el país está en un “hiperpresidencialismo” donde “no se mueve una hoja si no lo permite el presidente”, dijo.
Javier Castro, director de Estudios Legales, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social dijo que el papel de los ministros es de la colaboración que debe existir entre los Órganos, al solicitarle llegar a la Asamblea a explicar su gasto en el ministerio.
“Acudir a la Asamblea a dar todas las explicaciones pertinentes de un instrumento tan importante como es el presupuesto general de la nación. Lo que se ha visto es una práctica reiterativa en varios casos de no acudir a los llamados que les hace la Asamblea, y esto lo que genera es que rompe el diálogo interinstitucional”, dice Castro.