El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) resolvió sobreseer al ministro de Salud, Francisco Alabí, de responsabilidad en la compra de un lote de 26,000 pares de botas de hule destinados a personal sanitario, por un valor de $225,000 a una empresa en la que participaban varios de sus familiares.
Alabí fue denunciado el año pasado por Karen Daniela Genovés, ex candidata a diputada del FMLN y Andy Failer, director ejecutivo del partido Nuestro Tiempo en el marco de las compras de emergencia por covid-19 que estuvieron ensombrecidas por irregularidades.
El TEG, luego de la denuncia, abrió el 15 de octubre 2021 un proceso sancionatorio contra el ministro “por la probable transgresión a deber ético regulado en el artículo 5, letra c) de la Ley de Ética Gubernamental”.
De acuerdo con ese artículo toda persona sujeta a esa Ley debe “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio tengan algún interés”.
Sin embargo, en la resolución que el TEG emitió con fecha 20 de diciembre 2021 argumentó que “este Tribunal no advierte elementos que permitan determinar la existencia de probable infracción al deber ético“.
Se trató de consultar con el presidente del TEG, Néstor Castaneda sobre las implicaciones del fallo pero dijo no tener tiempo para hablar por estar en una reunión.
Andy Failer, uno de los denunciantes, dijo que “es lamentable que esto se haya dado porque cuando inició el proceso sancionatorio al menos dio un poco de esperanza el TEG en ese sentido, pero ahora que le dio sobreseimiento al caso pues se ratifica que las instituciones del Estado salvadoreño están al servicio de una sola persona y sus allegados”.
Failer sostiene que el conflicto de intereses que señalaron es válido e incluso señala que el TEG en su misma resolución deja entrever que el ministro Alabí sabía de la existencia de la empresa de sus familiares.
Agregó que por eso desde su partido han insistido en que no se trata de la credibilidad de las instituciones, sino en cómo se eligen a los funcionarios de segundo grado.
“Con la resolución de este caso no solo queda en evidencia una vez más que estas instituciones necesitan más dientes y fortalecer el proceso con el que llegan las personas que están al frente de ellas, sino que también queda en evidencia que ha habido un retroceso abismal en el que estas instituciones se han sometido al poder del régimen actual, al régimen de los Bukele”, precisó.