Bariatric Center es el nombre de la clínica que el ministro de Salud, Francisco Alabí, habría fundado el 23 de octubre de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, junto a una contratista del mismo ministerio al que dirige, según revela una investigación de la Revista Factum.
De acuerdo con el reportaje, la clínica funciona en un local donde también se encuentra la clínica Curen, y donde operan alrededor de cinco especialistas de distintas áreas de la salud, además de Alabí, sin ningún tipo de autorización del Consejo de Salud Pública, que es el ente que regula y otorga los permisos a las clínicas luego de realizar las respectivas inspecciones sobre el portafolio de servicios, horarios, servicios sanitarios, condiciones de iluminación y ventilación, así como el manejo de desechos bioinfecciosos.
Bariatric Center es una clínica especializada en la reducción de peso, según puede constatarse en su página de Facebook, y según el abogado José Marinero, consultado por Factum, en este caso no hay compatibilidad entre la práctica médica privada del ministro Alabí con sus funciones al frente del Ministerio de Salud, algo que, incluso, podría comprenderse como un conflicto de intereses evidente, algo que está regulado en el Art. 6 de la Ley de Ética Gubernamental.
Puede leer: Francisco Alabí y Romeo Rodríguez a juicio de cuentas por compras irregulares durante pandemia
Y no solo eso; según el mismo reportaje, Karen Rivas, amiga del ministro y su socia en Bariatric Center, ha sido también contratista del ministerio que Alabí dirige, habiéndosele adjudicado contratos para administrar las redes sociales del Hospital Nacional “Dr. José Antonio Saldaña” con el fin de levantar su imagen.
Dichos contratos ascienden hasta $10,800 y fueron adjudicados en febrero y julio de 2020. Sin embargo, tras la revisión del contrato y la contrastación de lo publicado durante ese período en el Facebook de dicho hospital, se puede concluir que no se cumplieron las actividades pactadas en la adjudicación, según el reportaje.
Además, estos contratos fueron otorgados bajo la modalidad de libre gestión, es decir, sin un proceso de licitación. En pocas palabras, el contrato se le otorgó a Karen Rivas sin analizar más propuestas o proveedores.
Según Factum, ni el ministro Alabí, ni Karen Rivas han respondido a las interrogantes para conocer su propia versión sobre Bariatric Center, entre las cuales estaría conocer la versión del ministro sobre las horas en las que atiende a sus pacientes siendo que es un funcionario cuyo puesto le exige muchas horas de trabajo, además de si considera un conflicto de interés el administrar una clínica privada al mismo tiempo que preside un ministerio que se encarga de promover políticas públicas de salud, o si ha vendido servicios de salud a Bienestar Magisterial o al Seguro Social.
Lo anterior podría comprobarse si el Portal de Transparencia de los distintos ministerios hubieran compartido detalles sobre las contrataciones públicas realizadas en lo que va del 2021, algo que no han hecho, según señala la publicación.
Compras irregulares durante la pandemia
Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, Francisco Alabí ha sido cuestionado y señalado por la Corte de Cuentas de la República por otorgar contratos y realizar compras con fondos públicos de forma directa bajo el decreto de emergencia que emitió el Ejecutivo el año pasado para hacerle frente a la pandemia.
No obstante, un examen especial que la Corte de Cuentas hizo, entre los meses de marzo y junio de 2020 a los procesos de compra del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas, encontró al menos diez irregularidades que violan directamente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), entre las que destacan el haber pagado hasta $900 mil en servicios ajenos al combate de la Covid-19, así como el pago de hasta $121 mil por obras no ejecutadas o inconclusas.
En todos los reparos que la Corte de Cuentas hizo sobre las compras durante el período de emergencia (decretado el 24 de marzo de 2020) y por los cuales consultó al titular de Salud, la respuesta fue la misma: "Los requisitos establecidos en la LACAP no son aplicables a los procesos de compra realizadas durante el Estado de Emergencia Nacional, en consecuencia , no existe legalmente el incumplimiento atribuido fundamentado en esa normativa".
Puede interesarle: El fiscal general que impuso Nayib Bukele trabajó para Alba Petróleos, empresa que estaba siendo investigada por lavado de dinero
Esta respuesta reiterativa, que se puede leer en casi todos los reparos hechos por los auditores de la CCR, fue enviada por medio de una nota a los auditores fechada el 14 de diciembre de 2020, y en la misma, afirma que las irregularidades no pueden atribuírsele a Salud porque no fue la institución que realizó las compras, a pesar de que el convenio de “Readecuación y reconstrucción de hospitales de la Red Nacional, ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas" obligaba al Ministerio de Salud a verificar y evaluar las compras efectuadas por el MOP para garantizar que cumplieran con los requisitos técnicos necesarios para combatir la pandemia por Covid-19.
Por esta serie de irregularidades, tanto Alabí como el titular del MOP, Romeo Rodríguez, fueron enviados a juicio de cuentas bajo el número de expediente CAM-V-JC-003-2021, mismo que ya se encuentra en la Cámara Quinta de Primera Instancia desde el 9 de febrero pasado.