La intención del presidente de la República, Nayib Bukele, de reducir el Fodes a las alcaldías y centralizar esos recursos para que los maneje una institución del Estado, es “inconstitucional”.
Además, resulta ser una medida de ajuste fiscal que el mandatario ejecutaría sacrificando obras de beneficio para los municipios, opinan un abogado constitucionalista y un analista económico.
El anuncio de Bukele de disminuir del 10% al 6% el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), que reciben las alcaldías cada mes de ingresos tributarios del Estado, se da en momentos en que el gobierno está en negociaciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
VER: Alcaldes de municipios pequeños no podrán hacer más inversión social
Las conversaciones iniciaron desde que el organismo prestó $389 millones a El Salvador en abril del año pasado. La elevada deuda y el poco margen de maniobra las han intensificado. El FMI pone a disposición su dinero, pero a cambio exige medidas fiscales estrictas.
Hace unos meses, el riesgo país se elevó hasta alcanzar un diferencial de 11 puntos debido al alto endeudamiento y al difícil entendimiento entre el Ejecutivo y el Órgano Legislativo.
La Asamblea hace cuentas que durante la pandemia el gobierno ha contado con cerca de 3,000 mil millones de dólares autorizados por ese Órgano de Estado para hacerle frente al COVID-19.
El dinero proviene de préstamos, reorientación de fondos, emisión de títulos valores y de bonos, de los cuales, buena parte fueron a parar al Fondo para la Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), a cargo del Ministerio de Gobernación, quién los distribuyó a distintos Ministerios, entre ellos, el de Agricultura y Ganadería, cuyo titular, Pablo Anliker, fue removido del cargo por Bukele.
Los Ministerios de Agricultura, Salud, Turismo y de Obras Públicas, son algunas de las instituciones en que la Corte de Cuentas de la República ha hecho observaciones sobre el manejo del dinero destinado para la pandemia.
“Es una jugada de hacer ajuste fiscal sin decirlo, cuando lo reducen de 10 a 4 puntos (Fodes), es una reducción de gastos que lo ayuda en su manejo (de las finanzas estatales)”, valoró el analista económico Rafael Lemus.
Pero lamenta que el gobierno busque mejorar sus finanzas sacrificando las obras comunitarias que los alcaldes realizan con ese dinero.
“Desde el punto fiscal es buena porque recortará gastos, la parte mala es que tendrán menos obras las comunidades, ya que se afectará el desarrollo de los municipios. En esta primera medida, lo que se busca es un ajuste fiscal que mejorará las finanzas del gobierno, pero a costa de las obras de los municipios”, sopesó Lemus.
En la medida anunciada por Bukele hay otra parte que riñe con la Constitución, al menos hasta lo que se conoce en este momento, pues del aviso solo se sabe que habrá una reducción de cuatro puntos del Fodes y que se creará una institución del gobierno que se encargará de administrar el 75% de los fondos que van destinados para ejecutar obras municipales.
El abogado constitucionalista René Hernández Valiente, explica que es difícil conocer en qué medida contraviene la ley porque no se conocen más detalles, pero partiendo de lo que establece la Constitución en los artículos 206 y 207 deja entrever que el gobierno no puede centralizar el Fodes.
“Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Concejo Municipal respectivo; y las Instituciones del Estado deberán colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de los mismos”, reza el artículo 206 de la Constitución.
En ese sentido, al crear la “Dirección Nacional de Obras Municipales” como lo anunció el mandatario, deja sin autonomía al concejo municipal, quienes son los que autorizan los proyectos que deberán ejecutarse de acuerdo a las necesidades de sus comunidades.
Luego el artículo 207 de la Constitución establece que “los fondos municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del Estado, ni emplearse sino en servicios y para provecho de los Municipios…”
Y es el caso que, según Bukele, la Dirección Nacional como institución del gobierno tendrá la potestad de decidir qué obras de las solicitadas por el Concejo Municipal se realizan y cuáles no, incluso el dinero lo manejará la nueva entidad estatal.
Según Hernández Valiente, habría ilegalidad en ese caso, ya que la finalidad del Fodes es garantizar el desarrollo económico y la autonomía del municipio, por lo que se percibe una violación a la Constitución si es que las obras las efectuará el Gobierno de forma directa.
“Aparentemente sí hay violación de la autonomía porque les quitan la capacidad de ser gobierno local y se vuelven gobierno central, sí pudiera haber una violación al principio de autonomía municipal”, explicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, los diputados opositores explicaron que reformar el porcentaje del Fodes se puede hacer por medio de ley, no así centralizar los fondos en una institución del Gobierno.
“En lo que respecta a que desde el gobierno central se puedan determinar las obras y cuando se puedan realizar en cuanto a competencias municipales allí sí hay un problema a discutir, y esto es por la autonomía municipal, en esa área si preveo dificultades de fondo”, manifestó el diputado del PDC, Rodolfo Parker.
En su cuenta de Twitter, el presidente del Coena, Erick Salguero, lamentó que la decisión de centralizar el Fodes es un retroceso a la democracia.
“Con esta acción, en la realidad, el Fodes se reduciría del 10% al 2%. La inversión pública local se volvería centralizada y retrocederemos a 1930. Los municipios más pobres serán los más afectados porque dependen 100% del Fodes”, manifestó Salguero.
Al disminuir el Fodes en 2021 el Gobierno se ahorrará $221.8 millones
El analista económico Rafael Lemus explica que el Ejecutivo trata de hacer un primer ajuste fiscal.
El costo de dicha medida la pagarán las comunidades, lamentó Lemus. El experto hace cuentas que, con este primer ajuste fiscal, el Gobierno se ahorrará este año $221.8 millones, tomando en cuenta que para 2021 el Fodes está estimado en $554.6 millones que representa el 10% de los ingresos corrientes del presente ejercicio fiscal.
Los $221.8 millones de disminución del Fodes equivale a un recorte de gastos del 0.84% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal. El FMI ha pedido al gobierno ajustar el PIB en tres puntos, es decir que el 0.84% que dejarán de recibir las alcaldías es un porcentaje nada despreciable.