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Iniciativa de ley municipal abre puerta para compras sin control

Según economistas y abogados, el Proyecto de “Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales” esconde “trucos” para que las instituciones del gobierno puedan evadir la Ley Lacap al hacer convenios de proyectos con las municipalidades.

Por Eugenia Velásquez | Oct 06, 2021- 21:00

Parada de buses construida por la alcaldía de Mercedes la Ceiba, La Paz, uno de los municipios más pequeños de El Salvador. Foto EDH/Jonatan Funes

Entre las 4 iniciativas de ley que el gobierno introdujo en la Asamblea Legislativa relativas al financiamiento público para las 262 municipalidades, la “Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales”, es parte del andamiaje del Ejecutivo para frenar la descentralización de las comunas y evadir los controles y fiscalización de los fondos públicos asignados a los gobiernos locales, analizan expertos en economía y abogados consultados por El Diario de Hoy.

En total, el gobierno propuso en la Asamblea 4 proyectos de ley: “La Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales”; “Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES)”; la “Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales”; y la “Ley de Disolución y Liquidación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal”.

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Las cuatro iniciativas tienen objetivos bien definidos de acuerdo al abogado José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ). En general, opina que no serán de beneficio para las comunidades como lo quiere hacer ver el gobierno.

Con el caso específico del proyecto de “Ley de Simplificación de Adquisiciones para Obras Municipales”, Marinero advierte que se denotan artículos en los que la “Dirección Nacional de Obras Municipales” -otra entidad nueva que será creada para administrar los fondos FODES- tendrá la discreción de poder contratar a cualquier persona o institución para que realice obras municipales.

Explica que la nueva ley de Simplificación viene a ser algo similar que la Ley Lacap. Que aunque mantiene algunos aspectos regulatorios, incluye excepciones que darán pie a realizar contratos para obras municipales sin ningún control.

“Con estas reglas se puede contratar a cualquier persona y no tengo ninguna duda que frente a la eliminación de estándares de probidad, de competencia y de transparencia, lo que pasará es que se terminará abusando de estas reglas, esa es la tendencia, que terminan siendo usados para compras amañadas, para favorecer a parentela, a gente del partido, por eso las adquisiciones públicas son tan complicadas y a veces pueden parecer lentas, pero es para que el dinero se use de mejor manera”, apuntó Marinero.

Para la economista Tatiana Marroquín, ese es el peligro que se corre al concentrar tanto poder de decisión gubernamental en la Dirección Nacional de Obras Municipales, una entidad que estará conformada sólo por representantes del gobierno, a pesar de que se trata del trabajo municipal no se tomó en cuenta la representación de los alcaldes.

La integración de la Junta Directiva de la Dirección Nacional estará compuesta por un presidente que será designado por el presidente de la República; un director designado también por el presidente de la República; un director nombrado por el Ministro de Hacienda; y un director designado por el Ministro de Desarrollo Local.

El objetivo de esta Dirección de Obras Municipales será calificar, aprobar, contratar y ejecutar los proyectos de inversión, financiados con recursos provenientes de los fondos asignados en su presupuesto y con otras fuentes de financiamiento, según se desprende del proyecto de formación de la DOM.

“Al darle tanto poder en las adquisiciones a esta Dirección, en realidad, hay grandes posibilidades que se concentre en pocos actores económicos las contrataciones y las licitaciones”, señaló la experta económica Marroquín.

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Sin embargo, según el proyecto de ley de Simplificación de Adquisiciones para Obras Municipales presentado por el Ejecutivo, el objetivo es alcanzar una máxima economía y eficiencia en la contratación pública para el desarrollo local de los municipios y promover la competencia entre los potenciales proveedores.

Pero Marinero señala que hay dos artículos en especial que difieren de lo que el gobierno dice que busca con dicha ley. Se trata de los artículos 124 y 67.

En el artículo 67 se habla de la administración directa de los proyectos y se explica que en casos excepcionales debidamente justificados y aprobados por la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), el diseño, supervisión y construcción podrá realizarse por administración directa de la DOM, “en caso de necesitar contrataciones de carácter personal será contratado temporalmente ya que en dichos casos no aplicarán los métodos de adquisición regulados en la presente ley”.

Dentro de los casos excepcionales se encuentran: la realización de proyectos pequeños y dispersos o en lugares remotos para los que es poco probable que los oferentes calificados oferten a precios razonables.; trabajos necesarios para no interrumpir las operaciones en curso, evitar daño a la obra y finalizar la misma en caso de incumplimiento contractual; y en emergencias que necesitan atención rápida.

“Básicamente dice que esta Dirección puede ocupar el dinero casi como le dé la gana cuando concurran estas excepciones. Podrían usar esto, por ejemplo, para obras de propaganda, es tremendo”, reflexionó Marinero.

A la vez que la DOM se vuelve prácticamente en juez y parte, ya que no hará falta seguir ningún procedimiento para justificar qué tipos de emergencias son o si se necesita realmente hacer obras adicionales o parar las ya existentes por incumplimiento de la empresa o institución contratada.

“Ella misma (la DOM) va a juzgar si ha hecho bien el procedimiento, es como que si la propia Corte de Cuentas se fiscalizara ella misma. Es un chiste, quiere decir que ella misma se estará supervisando”, cuestionó Marinero.

El Artículo 124 de la Ley de Simplificación también habla de las exclusiones. En este punto la normativa dice que estarán excluidos de la regulación los convenios que celebre la DOM con otras instituciones del Estado para la realización, adquisición y prestación de obras, bienes, servicios y consultorías.

Para Marinero, con lo anterior el Ejecutivo hace “truco”, ya que al eliminar la regulación contenida en la misma ley, también evade la aplicación de la Ley LACAP, la cual sí están obligados a cumplir las instituciones del gobierno.

“O sea que la Dirección Nacional de Obras Municipales podría terminar comprándole a otra institución estatal, podría ser, por ejemplo, a Salud y los términos de la adquisición ni siquiera serían los de esta ley (de Simplificación), podrían evadir todos los controles, incluso los de la misma ley que están proponiendo, además es una aberración jurídica, sería una manera de que otras instituciones que sí están obligadas por la LACAP puedan evadir la LACAP”, expresó Marinero.

Obras no llegarán a tiempo a municipios

El economista Rafael Lemus, señala que al hacer la reducción del 10% del FODES al 1.5% con la Creación de la Nueva Ley del Fondo, se crea un “mini FODES” que lo va a manejar directamente el gobierno.

Esto en términos de dinero se estima que podría alcanzar $166.2 millones tomando en cuenta que actualmente el 10% del FODES representan $554.6 millones anuales de ingresos corrientes netos del Estado.

Esos $166.2 millones anuales serían manejados solo por la Dirección Nacional, a discreción únicamente de ellos, en detrimento de las alcaldías que no tendrían ninguna participación real para decidir qué obras son prioritarias en sus municipios y el tiempo en que deberán ser ejecutadas, ya que el porcentaje que les dejaría el gobierno de 1.5% asciende a $83.1 millones anuales.

“Suena a una Dirección todo poderosa, las personas que estén a cargo de esa Dirección tendrán a su disposición una serie de recursos significativos”, apuntó Marinero, de DTJ.
Haciendo la operación aritmética con los ingresos actuales se deduce que $471.5 millones deberían quedarse en el Fondo General del Estado.

“Es un ajuste fiscal de recorte de gastos, pero si el resto del dinero se lo gasta el gobierno, no es ajuste fiscal, sería el gobierno gasta más y los municipios una limosna de 1.5%”, cuestionó Lemus.

Aún más, según Lemus, del 10% del FODES que actualmente tienen las alcaldías, ellos deben destinar el 25% para gastos administrativos, pero con la reducción al 1.5% “no le están dando pero ni la cuota administrativa”, lamentó el experto.

Otro aspecto que destacan los expertos y que también fue criticado por el alcalde de San José Villanueva, de La Libertad, Pedro Durán, es que la Dirección de Obras Municipales no podrá hacer frente a la alta demanda de proyectos a realizar por parte de las alcaldías, lo cual conllevará a un franco deterioro del desarrollo de los municipios, afectando en la calidad de vida de sus habitantes.

Según Durán, cada alcaldía tiene como meta ejecutar hasta 5 obras en un año, lo que implicaría en promedio 1,310 proyectos municipales.

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