FMLN propone ley para la suspensión de pagos y reestructuración de deudas por insolvencia justificada

Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta explicaron que sería un acto administrativo guiado por la Defensoría del Consumidor.

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Diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta. Foto Archivo Cortesía del FMLN / Archivo

Por Eugenia Velásquez

2021-07-28 11:37:06

Una ley que busca dar un respiro a las personas naturales, así como medianos y pequeños comerciantes que por diversas circunstancias han caído en mora de compromisos financieros con la banca o incluso con comercializadoras de electrodomésticos, propusieron este miércoles las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, del FMLN.

La propuesta contiene medidas de suspensión de pagos o reestructuración de deudas siempre y cuando la causa sea justificable, por ejemplo, casos de personas que sus contratos fueron suspendidos o despedidos por efecto de la pandemia y el impacto económico que la misma representó para muchas empresas.

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“Se trata de llegar a acuerdos, de conciliar entre deudor y acreedor, el mecanismo para tener periodos de gracia para poder pagar, establecer disminuciones en la cuota, que se alargan los periodos de la deuda”, explicó Belloso.

Según dijo, sería con la mediación de la Defensoría del Consumidor que se debería encontrar un mecanismo de común acuerdo entre las partes que permita que las personas que tienen motivos justificados para el incumplimiento con sus pagos puedan encontrar una solución, ya sea mediante la suspensión de los pagos por un periodo de gracia o de una reestructuración de la deuda.

Con lo anterior sería de acordar entre deudor y acreedor que los intereses no sean altos y que los cobros por lo extemporáneo tampoco afecten al usuario.

“También tenga la exoneración de recargos por multas o intereses, que sabemos que son otros cobros extras que se hacen cuando hay retraso en un pago de una mensualidad”, aseveró Belloso.

El artículo 1 de la ley propuesta explica que se busca establecer un proceso administrativo de negociación de las deudas, suspensión de pagos, así como la protección administrativa y judicial de las personas naturales, sean estas asalariadas, micros y pequeños comerciantes que realicen actividades profesionales o de servicios, que se encuentren en situación de insolvencia, promoviendo la recuperación de la economía familiar o personal y regularizando su situación financiera.

Los sujetos a la ley serán las personas naturales en situación de insolvencia y toda clase de acreedores, ya sean personas naturales o jurídicas, instituciones del sistema financiero, establecimientos comerciales, comerciantes de bienes y servicios, y en general, a cualquier sujeto o entidad que preste dinero, ya sean supervisados y no supervisados que otorguen préstamos o apertura de créditos y cualquier otra forma equivalente de financiación.

Además, quedan sujetos a la ley los salvadoreños que se encuentren domiciliados en el extranjero y que tengan situación de insolvencia con respecto a entidades en El Salvador.

Será imperativo lograr un acuerdo administrativo entre el deudor y el acreedor antes de llegar a un proceso judicial, expresa la propuesta del FMLN. También se obliga a la banca estatal a crear líneas de crédito especiales y facilitar préstamos para las personas que se encuentren en situación de insolvencia justificada para que puedan consolidar sus deudas.