Seis meses han pasado desde que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó capturar a 31 personas acusadas de cometer actos de corrupción en el gobierno de Mauricio Funes (2009 -2014) y de sustraer $351 millones de fondos del Estado, los cuales fueron desviados hacia cuentas particulares.
Las investigaciones señalan que en el caso “Saqueo Público” estuvieron involucrados exfuncionarios, familiares, exparejas y amigos de Funes y de otros de los acusados.
A la fecha hay 18 implicados prófugos, entre ellos el exmandatario, su compañera de vida Ada Mitchelle Guzmán; y los dos hijos del exgobernante, Carlos Funes Velasco y Diego Funes Cañas. Los cuatro se mantienen asilados en Nicaragua, desde septiembre de 2016.
También huyen de la justicia varios excolaboradores de Funes, uno de ellos es su exsecretario privado, Francisco Cáceres Zaldaña. Él es hermano de Carlos Cáceres, quien fue ministro de Hacienda en la administración Funes y actual embajador de El Salvador en México.
El exministro asumió el cargo diplomático el 13 de junio pasado, en medio de la investigación por este caso de corrupción. Dos días antes, el Fiscal General, Douglas Meléndez, advirtió que el extitular de Hacienda era investigado por haberse negado cinco veces a dar información solicitada en el caso “Saqueo Público”. Los datos pudieron obtenerse mediante actividades de inteligencia dentro de la institución.
Fiscalía ordena la captura de expresidente Mauricio Funes por corrupción
También se giró la orden de captura en contra de Regina Cañas, "Tía bubu", exesposa del exmandatario.
“Mano derecha” de Funes
El exsecretario privado de Funes devengaba un salario mensual de $ 2,652. Según las declaraciones de la renta que presentó, entre 2009 y 2014, tiempo en el que registró ingresos por valor de $ 587,842.96.
Antes de ser designado en el cargo de confianza se dedicaba al cultivo de café y a realizar consultorías en gestión empresarial.
Exsecretario privado de Funes usó más de $147 mil del Estado en viajes de placer
El exfuncionario viajó por placer con su esposa, pagó cuentas médicas de un familiar en Estados Unidos y le envió dinero público a una “amiga” a España.
Cáceres era considerado “mano derecha” de Funes y se encargaba de manejar el dinero público para beneficio personal o de terceros.
De acuerdo a Fiscalía, Cáceres avalaba la emisión de cheques que se pagaban con fondos que destinaba el Ministerio de Hacienda a la cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia.
El dinero se desembolsaba a “un proveedor ficticio: Gastos Operativos de la Presidencia”. A través de este mecanismo, según las investigaciones, fueron desviados $351 millones del erario.
La Fiscalía le imputa a Cáceres los delitos de peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado de dinero, por $ 1,567, 659.
En junio pasado, por orden del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, la Policía Internacional (Interpol) giró una orden de aprehensión contra el exfuncionario y otras 17 personas. Con ello, los imputados pueden ser arrestados en cualquiera de los 192 países miembros de dicho organismo con sede en Francia.
Hasta la fecha no se ha hecho efectivo ningún arresto ni las autoridades han revelado que ya se tengan pistas sobre los acusados.
Pago de préstamos anticipados
Las investigaciones del Ministerio Público indican que mientras Cáceres estuvo en el cargo canceló siete de ocho préstamos. El monto que se le otorgó fue de $ 836,003 y la cantidad que se pagó fue de $ 1,229.539.
En el análisis de las transacciones, los peritos determinaron que los créditos fueron pagados anticipadamente una actividad que, según los expertos, es típica del blanqueo de capitales.
Entre los préstamos hay uno que Cáceres canceló con 19 años de anticipación al Banco Scotiabank. Desde agosto de 2006 tenía una deuda de $ 114,640. El exsecretario privado de Funes pagó $171,084.80, de los cuales $ 53,130.00 fueron en efectivo.
Desde septiembre de 2010 tenía un préstamo con el Banco Hipotecario por $227,000 pero le hizo un abono de $ 304,101.82, de los cuales $ 52,669.47 fueron pagados en efectivo. La deuda fue cancelada con 12 años de anticipación.
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Además, dos años antes de lo establecido, le pagó al banco Izalqueño de los Trabajadores una deuda que tenía desde mayo de 2009 por un monto de $ 200,000. Este prófugo pagó $ 302,631, de los que $ 283,216.58 fueron saldados en efectivo. La Fiscalía señala que Cáceres entregó $ 92,481.93 en efectivo como último pago.
Algunos pagos los hizo Cáceres, pero los registros indican que otros los realizaron empleados de Casa Presidencial y del Estado Mayor. El monto total que se destinó para pagar préstamos fue de $ 475,188.38.
Cáceres también sacó provecho de tarjetas de débito que estaban a nombre de la Presidencia. Entre octubre de 2009 y octubre de 2010 cargó a la cuenta $ 330,234.26 por servicio de hoteles en los que se hospedó mientras estuvo en Estados Unidos, Brasil y Panamá.
Cáceres hizo compras con tres tarjetas de crédito por $ 322,048.83 y efectuó otros pagos por $ 310,053.42.
La Fiscalía señala que el consolidado de los pagos que hizo Cáceres sobrepasan su perfil económico y la capacidad que tenía para justificar la procedencia de ese dinero en las entidades bancarias, de ahí que Fiscalía lo acuse de utilizó fondos del Estado para beneficios propios y de terceros.
