La Fiscalía General de la República se ha negado a revelar los nombres de instituciones y funcionarios públicos, así como entidades privadas que le remitió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) este año, por estar ligados a posibles indicios de corrupción.
En una resolución a una petición de información que realizó ALAC-Funde, Fiscalía le confirma que el 4 y el 24 de marzo de 2021 le fueron remitidos por la CICIES nueve avisos, pero de estos solo cuatro de ellos le revela que es por presuntas negociaciones ilícitas, pero los restantes cinco casos dice que están en estado “sobre averiguar”.
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Todos los casos están en manos de la Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad y que están en etapa de investigación, según la resolución.
Sin embargo, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Fiscalía le deniega la petición de información sobre qué “institución pública o privada denunciada o investigada, funcionario o empleado público investigados” son los señalados de presuntos delitos.
En las argumentaciones que le hace el Oficial de Información en su resolución es que no puede dar información de diligencias de investigación ligadas a un proceso penal y que basados no en la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) sino en el Código Procesal Penal.
También le alega que “sostener que el Instituto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencias de investigación fiscal u obtener información relacionadas a ellas sería una clara invasión de competencias exclusivas del jurisdicción penal”.
Por tanto, le informan que conocer qué instituciones o personas están siendo investigadas “no es posible proporcionar dicha información, por ser esta de aquella que la LAIP como el Código Procesal Penal )en adelante CPP) clasifican como información reservada”.
Como parte del resultado de trabajo de la CICES, esta remitió 12 casos a Fiscalía por haber indicios de posible corrupción en instancias del gobierno en el contexto del manejo de fondos públicos para combatir la pandemia del covid-19.
A raíz de esos avisos, la administración anterior de Fiscalía, encabezada por Raú Melara, realizó varios allanamientos a ministerios como Salud Pública y Agricultura y Ganadería y se incautó de información como parte de las investigaciones para determinar si hubo o no actos ilícitos en las compras de insumos y demás adquisiciones en la pandemia.
El gobierno se resistió en su momento a los allanamientos y se produjeron tensiones con los fiscales delegados para incautar la información. De hecho ellos llegaron a denunciar intimidaciones por empleados del Ministerio de Salud.
Diferentes investigaciones periodísticas incluidas las de El Diario de hoy, ya habían revelado irregularidades como compra con sobreprecios millones de mascarillas, o contrataciones de empresas vinculadas a familiares de funcionarios de gobierno, el caso más evidente ha sido del mismo ministro de Salud, Francisco Alabí.
Estos avisos fueron remitidos por CICIES antes de que Fiscalía rompiera el convenio que habían firmado con la OEA para investigar la corrupción en El Salvador, argumentando que no podía mantener ese acuerdo en vista de que la OEA había contratado como asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien tenía un proceso judicial abierto en ese entonces. Esto sucedió el mes pasado.
Sobre cuán avanzadas están las investigaciones y se ha determinado algún ilícito no se sabe aún. Habrá que esperar la respuesta que dé la administración de Rodolfo Delgado, quien funge como Fiscal General desde el 1 de mayo, cuando fue elegido mediante un proceso no apegado a la Constitución realizado por la bancada de Nuevas Ideas y aliados.
Lo que dice ALAC-Funde
Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, explicó que ya habían solicitado información estadística sobre los avisos que la Comisión había presentado a la FGR. “Antes del 1 de mayo nos habían entregado información donde se relacionaban tres avisos que la Comisión presentó y que guardaban relación con los delitos de negociaciones ilícitas, nuevamente volvimos a pedir información pública y nos entregaron este dato de otros nueve avisos más con la diferencia de que cinco de estos avisos no nos indican a qué tipo de delito corresponden, lo cual llama la atención considerando de que por antecedentes ya nos habían entregado estadísticamente a qué delitos corresponden”, expuso.
Sandoval destacó que cuatro de estos avisos remitidos este año, corresponden al delito de negociaciones ilícitas.
“Algo muy importante a destacar sobre este delito es que tiene que haber una participación de un funcionario o autoridad pública según el Código Penal”, razonó.
Además, indicó que hay que tomar en cuenta que la CICIES estaba circunscrita a investigar delitos o actos de corrupción en colaboración con la Fiscalía y dentro los convenios marcos que había establecido con el órgano ejecutivo.
En ese sentido, dijo: “asumimos que estos delitos se relacionan con funcionarios públicos de la administración Bukele, entonces la CICIES nunca entró a investigar por ejemplo, el tema de alcaldías, nunca tuvo un convenio con alcaldías y por ahí va un poco la situación que se puede contemplar a partir de esta información que se nos ha entregado”.