Fiscalía pide separar a juez del caso familia millonaria de Morazán que vivía en casa de bahareque

La Cámara Tercero de lo Penal deberá resolver si cambia el juez Tercero de Instrucción para reanudar la audiencia preliminar contra los ocho personas acusadas.

Una familia en Morazán es procesada por no justificar $12 millones. FOTO EDH/Jaime López

Por Jaime López

Oct 18, 2019- 17:56

La audiencia preliminar contra ocho miembros de una familia de Morazán acusada de lavar $12 millones fue suspendida porque Fiscalía solicitó la separación del Juez Tercero de Instrucción por haber emitido criterio anteriormente.

Un fiscal del caso manifestó que el mismo juez ya había anticipado de que era necesario su separación en honor a la transparencia y la objetividad en el proceso.

El recurso fue interpuesto ante la Cámara Tercero de lo Penal, que tendrá que resolver para dar continuidad a la audiencia en la que se valorará las pruebas que Fiscalía ha presentado para solicitar que el caso vaya a juicio.

Los procesados en este caso son Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores de Salvador, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez Rivera, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres viuda de Flores y María Brígida Márquez.

Los allanamientos se realizaron en n los municipios San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán. Foto EDH/ @FGR_SV

Todos enfrenta el proceso en libertad condicional y fueron sometidos a un proceso judicial para demostrar que esa suma millonaria tenía origen lícito y según la Fiscalía hasta la fecha, no lo han podido hacer.

El supuesto ilícito surgió en 2016 cuando Jaime Alberto Flores Batres, viajaba a Perú con más de $195,000 en efectivo en la maleta que llevaba en mano.

Tras ser chequeado por agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil en el Aeropuerto Internacional de El Salvador le preguntaron el porqué llevaba esa alta suma de dinero y porqué no utilizó mecanismos más seguros como vía transferencia cablegráfica bancaria.

Flores Batres en ese momento alegó que era inversionista y que tenía una empresa en Perú donde construía el proyecto habitacional Roble II, el viaje no le fue interrumpido pero se inició una investigación en ese caso.

El abogado defensor alega que sus clientes son una familia que se radicó en Estados Unidos desde los años 90, cuando empezaron a trabajar en construcción y a generar dinero. Crearon empresas legales en ese país y declararon sus impuestos y que ahorraron y aprovecharon las caídas de precios de inmuebles.

Por ejemplo, dijo el abogado compraron una casa en $120,000 y la vendieron en $380,000. Además, trasladaron sus ahorros a El Salvador donde incrementar sus ahorros por “las buenas tasas de interés” que paga la banca nacional.

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