La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó hoy la captura de 12 personas vinculadas al caso de ocho militares condenados en 2017, a 14 años de prisión, por los delitos de tortura y privación de libertad por funcionario o empleado público y agente de autoridad.
De acuerdo con la FGR, entre los detenidos se encuentran tres militares de alto rango, identificados como Hector Solano Cáceres, Leonel Ascensio Sermeño y Cavid Iglesias Montalvo, quienes habrían dado la orden al sargento Miguel Ángel Escobar, al cabo Ronald Bernabé Flores y los soldados Wilfredo Cortez, Mario Morán Mendoza, Carlos Antonio Romero, Abelino Juárez Beltrán, Juan Antonio Ramírez y Enrique Alfaro López, destacados en el Estado Mayor, de retener y torturar a Ángel Edgardo Rodríguez Lucha, de 22 años, y Héctor Orlando C., de 17.
Los hechos fueron registrados el 3 de junio de 2016, en la colonia San Jorge, municipio de Apaneca, Ahuachapán.
Los soldados, quienes estaban destacados entonces en diferentes brigadas militares, fueron enviados a buscar a Rodríguez y Orlando, quienes 12 días antes irrumpieron en una casa de campo del coronel Federico Reyes Girón, jefe financiero del Ejército, y tras someterlo junto con su esposa les robaron un arma de fuego, 600 dólares, celulares y otras pertenencias.
A lo largo del proceso, e incluso tras haber sido condenados, los soldados aseveraron -a través de algunos de sus familiares- que únicamente acataron las órdenes que presuntamente les dieron los coroneles Solano Cáceres y Ascencio.
El primero recientemente fue nombrado como agregado militar en la embajada de El Salvador en Honduras y el segundo destacado en el Estado Mayor.
No obstante, en marzo del 2017 el Ministerio Público solo presentó la acusación contra los ocho militares.
Soldados condenados por tortura vinculan a 2 coroneles
Militares sentenciados a 14 años de cárcel alegan que solo cumplían órdenes superiores de dos oficiales. Cuestionan el hecho de que dos coroneles a los que obedecían no fueron investigados ni procesados por el caso.
En aquella ocasión uno de los defensores de los condenados enfatizó que “quien debía haber estado sentado ahí (en el juicio), acusado por esa orden ilegal, era el jefe superior”.
Esta aseveración fue compartida por los parientes de los soldados: “hicieron lo que hicieron porque así se los ordenaron los coroneles. Las autoridades también debieron arrestarlos y enjuiciarlos; pero no, ahí andan libres tranquilamente”, reprochó un allegado de los convictos.
Otro señalamiento que se hicieron para entonces, es que la Fuerza Armada habría intentado proteger a los coroneles al designarles a un equipo de abogados que, a juicio de los denunciantes, en términos generales, ejercieron la defensa de tal manera que la responsabilidad recayera solo en los ocho soldados.
Algunos de sus familiares aseguraron que muestra de lo involucrados que se sentían en el caso los altos mandos es que, tras la captura, Ascencio Sermeño les dijo que la institución se comprometía a entregarles “una ayuda económica y canastas con víveres” a las esposas e hijos de los acusados, porque no iban a recibir su salario (que no supera los 350 dólares) mientras duraba el proceso en su contra.
El mismo ofrecimiento les hicieron días después de que el Juzgado de Sentencia los condenara.
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Otras órdenes de captura por el caso
Asimismo, la FGR ordenó la captura de de los abogados Rey Joaquín Nochez, Martín Oswaldo Romero, Francisco Oquely Aguirre y Victor Manuel Melgar, quien guarda prisión por participar en un soborno de $10 mil que favorecería en el juicio civil a Saca.
Además, fueron detenidos el fiscal Miguel Angel Pérez, destacado en la oficina fiscal de Chalatenango y el agente policial Santos Agustín Esteban, destacado en el puesto policial de Apaneca.
Según informó la Fiscalía, dos empleadas judiciales identificadas como Sara Albertina Villeda y Leila Mélida Morena, también habrían participado en el caso.
“Todos los involucrados serán acusados en las próximas horas”, detalló la FGR.
En mayo del 2017 El Diario de Hoy publicó un artículo en el que los soldados condenados por tortura vinculaban a 2 coroneles en el caso, sin embargo cuando la institución aparentemente supo de la investigación, unos jefes militares llegaron a recriminarles a los militares condenados que había “fuga de información” y les dejaron entrever que tienen intervenidos los teléfonos de sus parientes.
FGR ordenó la captura de 3 militares de alto rango, 4 abogados, un fiscal, un policía y dos empleadas judiciales. pic.twitter.com/NUVfMm7ZqW
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 20 de febrero de 2018