El Fiscal General de la República, Raúl Melara, debe investigar si el presidente Nayib Bukele o sus funcionarios han incurrido en el delito de desobediencia de mandato judicial al emitir decretos cuyo contenido normativo está suspendido por resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, advirtió un grupo de organizaciones de la sociedad civil.
“La Sala de lo Constitucional también debe certificar al Fiscal General de la República para que investigue la posible comisión del delito de desobediencia a mandato judicial o cualquier otra infracción penal”, dice un comunicado emitido por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.
Las organizaciones recuerdan que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema suspendió la declaratoria de estado de emergencia emitida por el Presidente de la República el pasado 16 de mayo, pues constituiría “una invasión de competencias de la Asamblea Legislativa”, lo cual “representaría una amenaza al propio sistema democrático”.
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Por lo anterior, mientras los magistrados desarrollan el juicio de inconstitucionalidad, suspendieron “los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia” del Decreto Ejecutivo No. 19, que fue emitido para prorrogar el estado de emergencia y que ordena la suspensión de pagos por obligaciones financieras y de servicios, las clases en escuelas y universidades y la obligación del Gobierno de someterse a controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones para los gastos de la lucha contra la pandemia.
Pero, mediante el Decreto Ejecutivo 19, la Presidencia declara un estado de emergencia en todo el territorio nacional, lo que “supone una manera burda de intentar burlar el cumplimiento de expresa orden judicial”, dice el pronunciamiento.
“Hay una clara intención de evadir el control que ya está ejerciendo la Sala de lo Constitucional”, dicen los representantes de las organizaciones, entre ellos varios constitucionalistas, que consideran que el decreto mencionado es “nulo”, porque constituye una invasión de las funciones de la Asamblea Legislativa.
“El Decreto Ejecutivo No. 19 es, en esencia, una reproducción del Decreto Ejecutivo No. 18, este último está sujeto a la medida cautelar de suspensión de los efectos decretada por la Sala de lo Constitucional, por lo que está prohibida su aplicación”, advirtieron.
Las organizaciones de la sociedad civil recuerdan que, de acuerdo con el art. 168, ordinal 1º, de la Constitución, el Presidente “está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo que significa que su investidura le obliga obedecer los mandatos de la Sala de lo Constitucional”.
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Pero no sólo eso. El artículo 168, ordinal 3º, de la Constitución, dice que el presidente está obligado a procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores, “lo que supone que lejos de ser un promotor de conflictos sociales y políticos, debe ser quien ayude a solucionarlos”.
Por su parte, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, consideró que se está tratando de “politizar” la emisión de decretos necesarios para la lucha contra la pandemia y llamó a los críticos a recurrir a la Sala de lo Constitucional.
“Para eso existen los medios o instrumentos legales. Yo no tengo ningún problema si quieren pronunciarse o si van a presentar un recurso en la Sala de lo Constitucional, que será la responsable de determinar si las herramientas que hemos utilizado son o no constitucionales”, agregó Castro.
Las mismas organizaciones y otras representativas de la sociedad civil han enviado una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que le piden que “active los mecanismos y procedimientos necesarios previstos en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los diversos instrumentos del Sistema Interamericano para respetar y garantizar los derechos humanos de la población salvadoreña”.
Este lunes organizaciones de la sociedad civil presentamos una carta al Secretario General de la @OEA_oficial @Almagro_OEA2015 pidiendo que se activen los mecanismismos de la Carta Democrática Interamericana pic.twitter.com/QUoGnEjeCA
— Acción Ciudadana (@CiudadanaAccio1) May 20, 2020
Lo más grave, dicen, es el incumplimiento del gobierno de las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional ante detenciones arbitrarias en el marco de la cuarentena domiciliar obligatoria.
La Sala ha prohibido la detención de personas, sin que medien razones sanitarias calificadas por personal de salud, garantías de trato digno durante internamientos forzados por cuarentena, acceso a necesidades básicas de salud durante estos internamientos y prohibición de exposición de pacientes a posibles contagios por COVID-19 en hospitales, por falta de protocolos adecuados.
Sin embargo, “el Presidente de la República rechazó públicamente las citadas decisiones judiciales y se ha negado a cumplirlas, incluso ha aprobado decretos ejecutivos que las ignoran”.
“El poder ejecutivo ha impuesto acciones como “cercos sanitarios” que son en realidad “cercos militares”, pues no median las debidas motivaciones de salud ni requisitos legales”, denunciaron.
“Nos preocupan las violaciones a los derechos civiles derivadas de la utilización excesiva de la fuerza y las detenciones ilegales por parte de las fuerzas públicas de seguridad”, dice la carta, que trascendió este miércoles.
“Le trasladamos nuestra preocupación y rogamos que active los mecanismos y procedimientos necesarios previstos en la Carta de la OEA y los diversos instrumentos del Sistema Interamericano, para respetar y garantizar los derechos humanos, para la preservación de la institucionalidad democrática, de acuerdo al artículo 17 y siguientes de la Carta”, dice la misiva al secretario Almagro.
