Las investigaciones fiscales que llevaron a descubrir que tres altos jefes militares trataron de realizar supuestas acciones ilegales para tratar de lograr la libertad de ocho soldados que fueron condenados a 14 años de prisión por torturar y privar de libertad a dos jóvenes en Apaneca, Ahuachapán; permitieron descubrir la existencia de un presunto grupo de exterminio en la Fuerza Armada (FAES).
“En ese contexto de las llamadas (intervenidas por la Fiscalía), se pudo escuchar cuando éstos (militares) aceptan formar parte de un grupo que se dedican a las actividades de exterminio”, dijo Will Walter Ruíz, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.
Ruíz sostuvo que durante las intervenciones telefónicas realizadas a los militares de alto rango se pudo advertir de la existencia del grupo ilegal “porque ellos mismos lo dijeron, que a eso se dedicaban (grupo de exterminio)”.
Ruíz reconoció que por el momento no se ha establecido los casos de exterminio en los que los tres jefes militares estarían involucrados, porque antes no podían pedir información a las instituciones públicas como por ejemplo, la Fuerza Armada, porque se podría haber fugado información relacionada a las investigaciones del caso de los ocho soldados condenados.
Tres coroneles vinculados a soldados que torturaron a dos personas enfrentarán audiencia inicial
Cuatro abogados, un fiscal, un policía, dos empleados judiciales y un médico también están entre los acusados
Sin embargo, en una conversación entre el coronel David Iglesias Montalvo, uno de los detenidos, y un hombre a quien solo identifican como Carlitos, este le señala que los están investigando por dos casos de ejecuciones extrajudiciales en Cangrejera, La Libertad; y otros dos en San Miguel.
“Pero solo en dos estaban involucrados, el de Cangrejera, era el 29 de diciembre, que no tenían nada que ver (en los otros), por lo que David Iglesias Montalvo dijo que aparentemente y se puso a reir”, se lee en el requerimiento fiscal, base de la acusación.
También en las conversaciones intervenidas entre los militares se mencionaba “de que había gente más arriba que estaba involucrada, en este tema que ocurrió en Ahuachapan (caso de tortura). Se habla ahí de los arriba, puede imaginarse quienes pueden ser los de arriba”, dijo Ruíz.
Agregó : “se podrían imaginar qué peligroso es que al interior de una institución (Fuerza Armada), la que garantiza nuestra seguridad, puedan estar involucrados en ese tipo de situaciones”.
Lo anterior se conoció en el contexto de la remisión de los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo, y el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño; al Juzgado Antimafia de Instrucción B, acusados de distintos delitos ligados a tratar de favorecer a ocho soldados condenados por haber torturado y privado de libertad a dos jóvenes.
También llevaron a cuatro abogados, un ex fiscal, un policía, y a un médico. Dos ex empleadas judiciales también están involucrados en ese caso. Todos los anteriores están acusados de distintos delitos que derivados del intento por lograr “a como diera lugar” la libertad de los 8 soldados condenados, y cuyas familias reclaman que solo cumplieron ordenes superiores.