Desde junio del 2018, muchos salvadoreños han sido operados de sus ojos por males como cataratas o pterigión por médicos cubanos, quienes no cuentan con la autorización de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), según documentos a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso.
Se trata del equipo de médicos que desde mediados del 2015, se encuentra en El Salvador, como parte de una supuesta ayuda de Cuba para beneficiar a salvadoreños que adolecen de cataratas y pterigion.
Ellos son parte del “Convenio específico para la Implementación de un centro oftalmológico en el hospital Santa Gertrudis, de San Vicente”, mejor conocido como Misión Milagro, firmado entre los ministerios de Salud de El Salvador y el de Cuba, a finales de mayo de 2015.
El Diario de Hoy solicitó la posición oficial del Ministerio de Salud a través de María Teresa Escalona, jefa de la unidad de comunicaciones; ocho días después de la solicitud, Escalona dijo que ella había tramitado la solicitud pero no le habían dado respuesta. “Publíquelo”, respondió cuando se le advirtió que no se podía seguir esperando.
La Fiscalía confirmó a este periódico que ha abierto una investigación sobre el caso tras recibir el aviso de la JVPM; sin embargo, uno de los voceros de esa institución explicó que por el mismo carácter de la investigación no podían dar detalles sobre el desarrollo de la misma.
Desde que inició la Misión Milagro, ha sido el ministerio de Salud, representado por Violeta Menjívar, quien se ha encargado de gestionar, año con año, las autorizaciones correspondientes para el personal cubano.
De acuerdo con múltiples documentos, desde julio del 2018, los médicos cubanos no cuentan con la autorización de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) de El Salvador, el ente encargado de otorgar las licencias para todo médico extranjero que quiera ejercer su profesión en este país.
Por esa razón, el pasado 27 de febrero, la JVPM envió un documento a la Fiscalía y a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que tomen cartas en el asunto. “…para que realicen las investigaciones pertinentes según su competencia y determinar posible cometimiento de una infracción”, rezan los documentos a los que El Diario de Hoy tuvo acceso.
A la Fiscalía, para que investigue la posible comisión de delitos de parte de los cubanos, y Migración, para que determine el estatus migratorio de los mismos, afirmaron fuentes del Ministerio de Salud que hablaron a condición del anonimato para evitar represalias, pues es un tema que se ha manejado con mucho sigilo de parte de los funcionarios de esa cartera de Estado.
De acuerdo con el Acta 07/2019 de la JVPM, incluso, hay dos médicos que nunca han tenido autorización para trabajar en el centro oftalmológico que funciona desde hace poco más de tres años en el hospital nacional de San Vicente.
Estos médicos serían las doctoras Susel Pozo Correa y Yuderkys Díaz Argueta. Según el acta en referencia, nunca han tenido autorización de la JVPM de El Salvador para ejercer de manera temporal.
¿Cómo se supo que no tenían autorización?
El 18 de diciembre de 2018, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, envió solicitud al Consejo Salvadoreño de Salud Pública (CSSP) que a su vez la canalizó en los primeros días de enero de este año, hacia la JVPM, para que se extendiera la autorización temporal.
Los médicos a quienes se les tenía que extender el permiso son Susel Pozo Correa, Yuderkys Díaz Argueta, Miladys Velásquez Matos, Roberto Moya García, Miguel Martínez Graverán y Lázaro Juan Quiroga Chaviano, así como para los optometristas Carlos Andrés García Gutiérrez e Ivis Estrella Vera Castillo.
La ministra Menjívar solicitaba que el permiso fuera retroactivo, es decir, que la autorización cubriera desde julio del 2018 a junio del 2019; pero el permiso anterior se les había otorgado desde julio de 2017 hasta junio del 2018.
Por esa razón, la JVPM acordó investigar si los referidos profesionales habían estado ejerciendo desde julio de 2018, es decir, si habían estado dando consulta y practicando cirugías en ese período, sin estar autorizados para ello.
El 7 de febrero, una inspectora de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el asesor jurídico de la misma hicieron la inspección en el hospital de San Vicente.
Cuando a la directora de ese centro hospitalario, doctora Eva María Orellana, le preguntaron si los médicos cubanos se habían quedado ejerciendo sin tener la autorización temporal de la JVPM, la funcionaria respondió que por omisión no se había tramitado en tiempo la respectiva autorización pero que únicamente se habían quedado trabajando los señores Miguel Martínez Graveran y
Roberto Moya García y que los demás profesionales se habían ido del país.
Sin embargo, tras solicitar una serie de documentos, la inspectora de la JVPM y el asesor jurídico determinaron que Orellana les había mentido. Martínez Graveran, Moya García, Quiroga Chaviano, Velásquez Matos, Pozo Correa, Díaz Argueta habían estado trabajando en el centro oftalmológico.
Tras esa inspección también se determinó que Pozo Correa y Díaz Argueta nunca han tenido autorización temporal de la JVPM para ejercer su profesión en El Salvador, según la investigación.
Solo han presentado copias de atestados
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Salud consultadas y que hablaron a condición del anonimato, desde que el primer grupo de médicos cubanos vino a El Salvador, se les ha otorgado permiso sin que se haya cumplido a cabalidad los requisitos que exige el Consejo Salvadoreño de Salud Pública (CSSP) para otorgar autorización temporal.
Las fuentes aseguran que los profesionales cubanos, por lo menos los médicos, no han presentado los originales de sus títulos que los acreditan como oftalmólogos.
Uno de los requisitos es que el ente que autoriza, en este caso la JVPM que ejerció durante los períodos 2015-2017 y 2017-2019 otorgaron las autorizaciones sin confrontar las copias con los originales.
En el contingente de cubanos no solo han venido médicos o especialistas en oftalmología, sino también enfermeras, anestesistas, licenciados en laboratorio clínico y en servicios farmacéuticos.
Las fuentes sospechan que todos esos profesionales, a parte de los médicos, también estarían ejerciendo su profesión en El Salvador, sin contar con la debida autorización temporal de las juntas de vigilancias de sus profesiones.