Organizaciones sociales aseguran que la Fiscalía ha sido instrumentalizada para la persecución política

Consideran que la imposición de Rodolfo Delgado como Fiscal General tenía como propósito la manipulación de la justicia.

Según el informe de las organizaciones de sociedad civil, el trabajo de la FGR aún tiene grandes deficiencias en la lucha contra la corrupción y en la persecución de delitos de impacto social. Video EDH/Damaris Girón

Por David Marroquín

2021-08-12 12:23:04

Once organizaciones de la sociedad civil aseguraron este jueves que con el accionar de la Fiscalía General desde el uno de mayo pasado, ha quedado claro que el proceso de imposición de su titular por parte del Ejecutivo tenía como objetivo la manipulación de la justicia.

"Y cuando hablamos de la manipulación de la justicia, la Fiscalía más allá que es una institución distinta del Órgano Judicial, pero como tiene la persecución del delito, precisamente puede ser utilizada y ha sido instrumentalizada para la persecución política", dijo Ruth López, abogada de Cristosal.

En ese sentido, López consideró que no se puede hablar de un combate serio de la corrupción cuando "se tiene bastante tanta opacidad dentro de la ejecución gubernamental y donde tenemos una falta de exigencia precisamente y de seguimiento de los casos que ha presentado la Cicies".

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Sostuvo que la Fiscalía debe de demostrar "si ha habido una instrumentalización o no desde la perspectiva política es la propia actuación de la Fiscalía General si la analizamos desde el primero de mayo hasta el día de hoy".

Éstas organizaciones consideran que la Fiscalía General tuvo una "preocupante opacidad" desde que inició su relación con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

"Sabemos que hubo 12 denuncias vinculadas al tema de la pandemia que hasta ahora no ha tenido ninguna materialización dentro de la institucionalidad judicial. Esperamos que como mínimo para que la Fiscalía goce de credibilidad frente a la ciudadanía, a instituciones internacionales financieras, pero también de Naciones Unidas del sistema interamericano vinculado a derechos humanos, de paso a perseguir estos casos", dijo Sonia Rubio, representante de la Fundación para el Debido Proceso.

Entre éstas organizaciones figura Acción Ciudadana, Fundación Cristosal, Fespad, Fundación para el Debido Proceso, y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Las consideraciones anteriores se dieron en el marco de la presentación del informe de auditoria ciudadana a la Fiscalía General en el período de enero de 2019 a diciembre de 2020.

Entre las deficiencias detectadas en el estudio, según las organizaciones, destaca la alta opacidad en el procedimiento y valoraciones para nombrar al Fiscal General Adjunto. Señalan que el designado por el Fiscal General debe de reunir los mismos méritos y capacidades por los que fue electo su titular.

También cuestionan que no se haya elegido a un nuevo Auditor Fiscal, porque el actual funge en el cargo desde 2011.

Consideran que la Fiscalía General debe de mejorar la calidad y cantidad de información que la institución proporciona a través de los canales oficiales tales como sitio web, portal de transparencia, y redes sociales; entre otros.

Creen necesario que la información que divulguen sea suficiente, completa y oportuna . Lo anterior se podrá traducir en "una rendición de cuentas real sobre asuntos de interés público, como la eficacia y la efectividad en la investigación y persecución de la criminalidad".

Le reclaman a la Fiscalía su "silencio e inactividad en casos que afectan los derechos de las personas LGBTIQ y la urgente necesidad de una política de persecución penal por crímenes de odio, casos de ejecuciones extrajudiciales y otros colectivos".

Otro de los cuestionamientos que hacen estas organizaciones son los bajos niveles de judicialización y condenas de los procesos de investigación.

Detallan que 24,285 casos judicializados terminaron en condenas, lo que representa el 4.6 por ciento de los expedientes de investigación (582,976) que se registraron como iniciados.

Además representa solo representa el 13.87 por ciento de los casos judicializados (175,149). Esos datos corresponden al período de 2013-2018, señala el informe.