Con el nombre “Carta abierta a una Fiscalía General que resguarde el estado de derecho”, once organizaciones de la sociedad civil firmaron y enviaron un documento dirigido al titular del ministerio público, Raúl Melara, a quien expresaron su preocupación por el desempeño de la Fiscalía “ante el deterioro institucional y las graves amenazas al estado de derecho en El Salvador observadas en los últimos meses, especialmente en el marco de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19”, rezó la misiva.
Dicha carta fue enviada ayer a la oficina de Melara. Las instituciones que se sumaron a este llamado fueron: Acción Ciudadana, Azul Originario, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Cristosal, Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, COMCAVIS-TRANS, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Las asociaciones expresaron en la carta que esperan mayor “liderazgo” por parte de Melara para que se resguarde debidamente los derechos humanos de la población del país, e hicieron énfasis en la labor investigativa que debería potenciar la Fiscalía.
“El hecho de que su mandato institucional incluya, entre otras, la facultad de investigar y perseguir los delitos coloca en sus manos la responsabilidad de reducir los altos índices de impunidad existentes en el país, especialmente respecto de delitos graves, masivos, complejos y de alto impacto social como son las graves violaciones a derechos humanos y la corrupción”, añadieron en el documento.
Dado que varios funcionarios del Gobierno de la administración Bukele han sido señalados por distintos medios de comunicación en cuanto a casos de aparente corrupción, lo cual se da en medio de una situación de emergencia por la pandemia, las asociaciones expresaron que “se requiere la postura decidida de la Fiscalía (…) para iniciar acciones inmediatas que permitan dilucidar las posibles responsabilidades y ejercer la acción penal de manera oficiosa en los casos más graves”.
Pidieron a la Fiscalía “avanzar en la investigación y judicialización” de “casos de gran corrupción cometidos durante la respuesta estatal a la crisis provocada por la pandemia COVID-19”, y también “informar a la ciudadanía acerca de la respuesta de la institución a su cargo frente a la crisis sanitaria (…), incluida la respuesta en los casos de violencia sexual, feminicidios y crímenes de odio contra las personas LGTB”.
Solicitaron “abrir un espacio de diálogo” entre las organizaciones civiles que suscriben la carta y el fiscal Melara, para entregarle información que “permita enriquecer su estrategia de persecución criminal”, por lo que requieren una audiencia a la mayor brevedad.