La organización Acción Ciudadana y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) propusieron este lunes en la Asamblea un baremo o cuadro de evaluación para los aspirantes a la Fiscalía. Este instrumento se basa en 2 indicadores y 9 ítems, construidos a partir del contenido de la moralidad y competencia notoria.
La ponderación se basa en dos aspectos: el desempeño profesional al cual se le otorga el 85% de la calificación y la perspectiva jurídico-administrativa el 15%.
En el 85% de la ponderación, Acción Ciudadana plantea evaluar la experiencia relevante con el 20%; la materia de ejercicio profesional con el 20%; la formación académica con el 15%; la experiencia docente con el 5%; los aportes a las ciencias jurídicas con el 5%; la independencia con el 10% y la moralidad el 10%.
En el área de la perspectiva jurídico-administrativa se evalúa la visión jurídica y el plan de acción con el 15%.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, expresó que el objetivo es que se pueda elegir a un profesional del derecho con las competencias y moralidad necesarias para ocupar el cargo de fiscal general.
“Este cargo tiene el rol de acusador del Estado, investigador del delito, debe ser una persona independiente, sin ataduras políticas ideológicas, que pueda desempeñar este rol”, afirmó Escobar.
Esta propuesta viene a ser una contrapartida de lo que ha venido desarrollando la comisión política de la Asamblea en la actual legislatura, de evaluar a los aspirantes con preguntas sobre su afinidad o aceptación a las políticas implementadas por el gobierno, por ejemplo, cuando los parlamentarios del oficialismo les preguntaban a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia si estaban de acuerdo en la destitución que hizo la Asamblea el 1 de mayo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general.
El jefe de la fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, manifestó que la Asamblea adolece de una normativa que califique en base al mérito, aptitud y moralidad notoria a los candidatos a cargos de segundo grado, por lo que el documento presentado por FUNDE y Acción Ciudadana será retomada por su participación en la Comisión Política de la Asamblea.
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Según dijo, la matriz solventará un vacío que tiene el Reglamento Interior de la Asamblea. “Como ARENA nos damos por recibidos, como miembros de la Comisión Política yo voy a aplicar este baremo en todo lo que sea necesario y desde nuestra propia perspectiva. Este es el momento adecuado en el que se debe elegir a un fiscal que respete los intereses de la sociedad, no de un Estado como poder político, financiado por una fracción legislativa, que le sirva al pueblo salvadoreño, que tenga el valor de atacar el problema que aqueja a la sociedad, como es los desaparecidos, como el combate a la corrupción y miles de homicidios que quedan en la impunidad”, afirmó Portillo Cuadra.
En la propuesta de Acción Ciudadana se plantea que para alimentar al primer indicador sobre el desempeño profesional la fuente de información deben ser los documentos del expediente de cada candidato; mientras que el segundo indicador que busca realizar una evaluación del pensamiento y perspectiva jurídica de los aspirantes se retomará de los expresado en las entrevistas que realice la Comisión Política de la Asamblea.
Como experiencia relevante se propone evaluar la experiencia, el periodo, el tipo y nivel de cargo donde se ha desempeñado profesionalmente. Esto con la finalidad de evidenciar el nivel de responsabilidades que implicaban los cargos ejercidos, denotando la jerarquía del cargo y el nivel de conocimiento y experticia requeridos.
En cuanto a la materia de ejercicio profesional se evalúa si ha laborado en áreas vinculadas a la justicia penal y demás áreas de trabajo de la Fiscalía, a efecto de determinar la experiencia en la materia.
En la formación académica se pondera el nivel de estudio alcanzado para establecer que cuenta con los conocimientos necesarios para ocupar el cargo; para la experiencia docente se analiza el tiempo y tipo de ejercicio docente realizado, con el fin de determinar el grado de maestría que tiene una persona en el manejo del derecho, particularmente en las áreas de trabajo de la Fiscalía.
Dentro de sus aportes a las ciencias jurídicas se busca determinar que en el ejercicio de la profesión contribuyó significativamente al desarrollo del derecho en sus diferentes ramas. El objetivo es verificar la excepcionalidad de su trabajo.
Para evaluar su independencia se busca determinar la ausencia de vínculos formales y materiales o simpatías con sectores que pueden comprometer el imparcial ejercicio del cargo, con el objetivo de identificar posibles conflictos de interés; para analizar su moralidad se pretende medir el comportamiento correcto y probo de las personas aspirantes, para evidenciar la calidad personal.
En cuanto a la perspectiva jurídico administrativa se evalúan las nociones que se tienen sobre el derecho, así como las propuestas de mejora institucional que busca implementar dentro de la Fiscalía, entre ellas, el conocimiento de la realidad financiera y administrativa de la Fiscalía, el conocimiento de las debilidades y fortalezas de la institución; el plan de acción claro, con metas cuantificables definidas, las acciones para la coordinación y colaboración interinstitucional para la persecución del delito y la aplicación de la justicia, la modernización y profesionalización de la Fiscalía.
Dentro de la visión jurídica se plantea evaluar en los candidatos la noción de justicia, la impunidad y la corrupción, la teoría del delito y la persecución del delito, la criminalidad y la violencia social, la actividad de las pandillas y el narcotráfico, el derecho constitucional, que involucra las garantías constitucionales, el debido proceso, la jurisprudencia, así como el fiscal ante el poder político, el papel de la Fiscalía en el Estado Constitucional del Derecho y sus implicaciones.