Dos abogadas y un jefe fiscal corrigieron esta mañana al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, al explicarle que la Fiscalía General tiene el mandato constitucional de dirigir la investigación criminal y eso le da legitimidad de sus acciones.
Rivas dijo esta mañana en el programa de opinión Diálogo con Ernesto López que “no hemos tenido ninguna conversación con el Fiscal General de la República desde que se realizaron los allanamientos, espero en lo sucesivo se haga acompañar de la Policía para brindar legitimidad a sus acciones”.
Ante esa aseveración de Rivas, el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General, German Arriaza escribió en su cuenta de Twitter: “Por mandato constitucional y leyes secundarias, la institución encargada de dirigir la investigación es la Fiscalía General de la República; de ahí deviene su legalidad y legitimidad!!!”.
Arriaza es el jefe fiscal que dirigió los 22 allanamientos a instituciones gubernamentales y empresas privadas para recabar información sobre las supuestas irregularidades detectadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) en las compras de insumos médicos en la emergencia de la pandemia del COVID-19.
También las abogadas, Ruth Eleonora López y Erika Saldaña lo corrigieron.
“El acompañamiento de la @PNCSV no le otorga ninguna legitimidad a la actuación de la @FGR_SV”, escribió López.
Por su parte, la abogada constitucionalista, Erika Saldaña escribió en su cuenta de Twitter: “la legitimidad de las actuaciones de la Fiscalía General de la República viene dada por la Constitución (art. 193) y las leyes. No por el acompañamiento de la PNC. Pero sí es deber de la Policía seguir la dirección funcional que brinde la Fiscalía”.
El artículo 193 ordinales 3 y 4 de la Constitución establece que la Fiscalía General de la República es la encargada de dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. Además es la que promueve la acción penal de oficio o a petición de parte.
También el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía señala que el órgano estatal competente para la persecución penal es el ente fiscal por mandato constitucional.
“Son competencias de la Fiscalía General de la República: defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley; y desempeñar todas las demás atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigne a ella y/o a su titular.”, señala el referido artículo.
La semana pasada, el equipo de fiscales que participó en los 22 registros autorizados por el juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador denunciaron una serie de acciones de acoso, amenaza, intimidaciones y hasta de violencia en su contra por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de la Policía.
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Rivas trató de justificar la actuación de los policías que llegaron a “proteger a los ministros” y no a los fiscales.
“En ningún momento la presencia de la Policía en el Ministerio de Salud fue para entorpecer las acciones o investigaciones de la Fiscalía, la presencia policial era para resguardar las instalaciones ante la prepotencia de los Fiscales”, dijo Rivas.
Los fiscales desmintieron además que anduvieran armados tal como lo aseguran las autoridades de Salud Pública, sino que eran los miembros de la seguridad de la Fiscalía General los que estaban armados, pero para protección de los agentes fiscales que participaban en el registro en esa cartera de Estado.