Exmilitares detenidos por una masacre de 1981

Cinco personas fueron raptadas el 7 de abril de 1981, en el cantón San Andrés de San Miguel. Sus cuerpos fueron hallados un día después en El Carmen, La Unión.

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Esta es una de las personas detenidas este viernes por la Fiscalía por dos homicidios ocurridos en 1981. Foto EDH / Cortesía FGR

Por Wiliam A. Hernández @walexhernan/David Marroquín

2021-08-13 11:29:48

Tres militares retirados que supuestamente participaron en la pasada guerra fueron detenidos este viernes por órdenes administrativas de la Fiscalía General, acusados de la masacre de cinco personas en San Andrés, de San Miguel, un hecho ocurrido hace 40 años.

Fiscalía informó que José Inés Benavides, José de la Cruz Orellana y Luis Alonso Benavides serán acusados de homicidio agravado, robo, y asociaciones ilícitas contemplados en el Código Penal de 1974.

Durante las capturas desarrolladas este viernes, la FGR decomisó algún material militar de ese época como insignias, gorras y otras indumentarias, que se presume era parte de los atuendos usados por los detenidos en esa época.

El fiscal de Bukele, Rodolfo Delgado, reaccionó a las capturas y afirmó: “Estamos saldando una deuda histórica con las víctimas y sus familias. El Salvador merece justicia reparadora, para poder construir un futuro con verdadera paz”.

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Añade, que "días después, los cadáveres fueron encontrados, con señales de tortura, a la orilla de la carretera que conduce a San Alejo, en La Unión.

Durante las capturas desarrolladas este viernes, la FGR decomisó algún material militar de ese época como insignias, gorras y otras indumentarias, que se presumen era parte de los atuendos usados por los detenidos en esa época.

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A los tres militares retirados se les atribuye los asesinatos de Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón.

Los hechos, según el Ministerio Público, ocurrieron el 7 de abril de 1981, en los inicios del conflicto armado que vivió el país durante doce años (hace 40 años).

Ellos fueron sacados a la fuerza de sus casas por un grupo de militares. Eso ocurrió en el cantón San Andrés, de San Miguel.

Días después, sus cadáveres con señales de tortura fueron hallados en el cantón Caulotillo, de El Carmen, La Unión.

Fotografías de uno de los detenidos encontradas en su vivienda. Foto EDH / Cortesía FGR

Los hechos antes de la matanza
Los socios y directivos de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Milagro se reunieron la tarde del 7 de abril de 1981, en la casa del entonces presidente de la cooperativa, Ángel María Chávez Benavides, una de las víctimas. En ese encuentro, los cooperativistas entregaron sus aportaciones económicas para el pago de la cuota mensual al Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

La referida cooperativa tenía un crédito hipotecario por lo que mensualmente tenían que recolectar unos 20,000 colones, de acuerdo a la denuncia. El dinero que se recolectó ese día quedó bajo custodia de Chávez Benavides.

A la reunión asistió Luis Alonso Benavides, uno de los hoy detenidos y quien era ajeno al evento, para observar todo lo que acontecía y quienes habían asistido a la misma.

A Benavides lo conocían por ser miembro del grupo paramilitar de “Orden” y por eso lo tildaban de “oreja” porque supuestamente proporcionaba información a la Sección Dos de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel.

Entre las 9:00 y 10:00 de la noche de ese mismo día, los pobladores escucharon el sonido de vehículos y de personas que corrían hacia las casas de las víctimas. Los vecinos vieron que se trataba de integrantes del ejército.

Al llegar a la casa del presidente de la cooperativa le gritaron: “levántate Ángel, abrí la puerta, somos la autoridad, no vayas intentar disparar porque te matamos a toda la familia”.

Al abrir la puerta, Ángel fue golpeado. Los individuos se llevaron el dinero, un arma de fuego y la máquina de escribir. Similar situación se vivió en las casas del resto de las víctimas.

Un día después del registro y el rapto los cadáveres de las víctimas fueron hallados enterrados a poca profundidad con señales de tortura y lesiones de bala.