Ante la entrega de 1,500 paquetes alimentarios en Tlahualilo, en el estado de Durango (México), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas de la República (CCR) deberán actuar de oficio e investigar a profundidad qué hacían esos paquetes del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), comprados con préstamos hechos por El Salvador, opinaron diputados.
Las cajas que distribuyeron en el municipio de Tlahualilo tenían impresos los logos del Gobierno salvadoreño, del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) e iban etiquetadas como “Bienestar Social”, según revela la publicación de El Faro.
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“Esta noticia con serias implicaciones es necesario que la CCR y la FGR investiguen. Esos paquetes los necesitan miles de familias en estado de pobreza. Esos paquetes son comprados con dinero de préstamos que pagaremos todos los salvadoreños. Es necesario que la investigación vaya a profundidad para saber quién dio la orden y quiénes (funcionarios) están implicados”. manifestó el diputado René Portillo Cuadra, presidente de la Comisión Especial para investigar colocación de títulos y préstamos en el marco de la pandemia COVID-19.
Según una publicación de El Faro, el reparto fue hecho el 24 de diciembre de 2020 y publicitado después en la página oficial de Facebook de un candidato en México. La publicación agrega que en diciembre de 2020, usuarios del Módulo de Riego 06 de Tlahualilo, lugar donde fueron distribuidos los paquetes de alimento, exigieron una investigación a fondo sobre el caso de las 1,500 canastas alimentarias que fueron repartidas por Juan Carlos Cázares Sandoval, indicando que a mediados del año también recibieron productos de la canasta básica pero en bolsas, ahora fue en cajas y con escudos con el nombre de otro país: El Salvador.
Tras la difusión de la noticia de la entrega de más de 1,500 paquetes de alimentos del Gobierno de El Salvador en México, en El Salvador la Secretaría de Prensa de la Presidencia reacciona con el anuncio de la llegada de una embarcación con 625 toneladas de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Esto sin decir una palabra sobre el escándalo por el reparto en el extranjero de los paquetes de alimentos.
Por el momento, la embajadora de El Salvador en México, Rosa Delmy Cañas de Zacarías, aún no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la distribución de paquetes del PES. La ahora embajadora ocupó dos puestos importantes dentro
de El Salvador, el primero fue como directora de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) y el segundo en la dirección del Seguro Social.
Mientras que el diputado Jorge Shafick Hándal, del FMLN, señala que no es raro ver que está administración de Gobierno “beneficie algún conocido”, con recursos del Estado.
“No sabemos con quién tienen relación estos del Gobierno y mandaron los paquetes para allá con dinero de los salvadoreños. No me extraña que los corruptos estén ocupando dinero, valiéndose de los recursos del Estado para hacer campaña, favorecer amigos, familiares. Eso se llama corrupción”, señaló.
Agregó que es necesario conocer los vínculos que tienen con el candidato que favorecieron en México: “habría que ver el candidato de allá (México) qué conexiones tiene con el Gobierno de aquí, para ver quién le hizo la gestión para obtener las cajas. La Fiscalía debe de proceder de oficio a investigar cómo fue que ese material fue a dar allá (México) cuando supuestamente es un beneficio para los salvadoreños en el tema de la pandemia”.
“Están ocupando la desgracia de los más de 1,700 muertos para hacer su corrupción”, sentenció Handal.
Por su parte, Rodolfo Parker, diputado del PDC, fue tajante al referirse en un tuit sobre el tema de la entrega de paquetes en México. “Con el dinero prestado para controlar la pandemia, que pagarán dos generaciones: Se enriquecieron funcionarios de Bukele. Se está pagando la campaña de “Nuevas Ideas”. Y hoy resulta que también se pagan campañas de candidatos mexicanos ‘amigos’ “, señaló.
En diciembre de 2020, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, no especificó los montos que se destinaron para la compra de la canasta alimentaria. Los parlamentarios cuestionaron sobre la no coincidencia de datos en el caso de la reserva de granos básicos, ya que Casa Presidencial manifestó que compró $30 millones en productos, pero en el informe se dijo que la inversión fue de $23.4 millones.
Los diputados mostraron su inquietud sobre el informe de ingresos por $145 millones provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), pero al final se reportan gastos por $207 millones asignados a dicha fuente de recursos.
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