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Fiscalía cita a juez que protestó contra retiro obligatorio de jueces

El juez José Alberto Franco Castillo ha sido citado por la unidad fiscal contra el lavado de dinero. Él apoyó la primera concentración de jueces y magistrados y leyó el comunicado con el que rechazan la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

Por Mirella Cáceres | Sep 06, 2021- 16:20

José Alberto Franco Castillo, juez de Sentencia de Santa Tecla, encabezó la protesta contra el golpe a la independencia judicial. Foto EDH / Archivo

En pleno remolino político y justo cuando grupos de jueces mantienen una voz de protesta por la obligatoriedad que ha impuesto el oficialismo a los jueces que tienen 60 años de edad y los que tienen 30 años de servicio, la Fiscalía General de la República ha citado a uno de los jueces que le puso rostro a la protesta.

José Alberto Franco Castillo, juez de Sentencia de Santa Tecla, ha sido citado para el próximo miércoles por la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UECLA) de la Fiscalía, a las oficinas situadas en el edificio Macan de la colonia Escalón, a las 8:00 de la mañana.

En el oficio Ref. 32-UECLA-2021, en la que deja constancia del citatorio a Franco Castillo, no se aclara en calidad de qué ha sido llamado a comparecer.

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“No omito manifestarle que el llamamiento se hace con las facultades que establecidas en el Art. 83 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, se lee al final del citatorio que es firmado por el jefe fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, Santos Inocente Segura Mendoza.

Se ha consultado a la Fiscalía sobre este llamado al juez a comparecer pero desde la oficina de prensa manifestaron que no tenían conocimiento del caso.

“Esos citatorios que hacen las diferentes Unidades, en el marco de investigaciones, no nos son informados, por la reserva de las mismas, antes de ser judicializados los casos”, respondió la oficina de comunicaciones.

Se logró contactar al juez Franco pero al preguntarle si conoce el motivo del citatorio que le hace Fiscalía solo manifestó que no conoce el motivo.

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¿Quién es el juez Franco?

Franco fue citado el 31 de agosto pasado, un día antes de que se conociera públicamente de la protesta de los jueces y de que Franco Castrillo apareciera como uno de los rostros más visibles de la concentración de jueces y magistrados realizada en la entrada principal del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Franco, de 53 años y quien ejerce la abogacía desde 1994, según la información publicada por la Corte, fue el encargado de leer un escrito ese día en el que rechazaron los debates previos a la aprobación del decreto por considerarlos ofensivos e indignos hacia la carrera judicial, ya que además de vulnerar la Constitución también vulneran los derechos de estabilidad laboral de los juzgadores.

Además recordaron que los diputados no tienen iniciativa de ley en lo concerniente de la ley de la carrera judicial y que no había fundamento para justifica la dispensa de trámite (trámite de urgencia en la plenaria del 31 de agosto). Por esto y otros aspectos, del decreto legislativo calificaron el decreto de inconstitucional.

En el comunicado también dejaban establecido que acudirían a instancias nacionales e internacionales a fin de  “restituir el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, gravemente afectado con dicho decreto”.

Franco  Castillo es el presidente del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, fue elegido en ese cargo con el respaldo de 14 magistrados, según consta en el acta número tres del 9 de enero de 2018.

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En su historial, el juez Franco Castillo ha visto casos complejos como el crimen contra un joven en la finca San Blas, de Zaragoza, durante un supuesto enfrentamiento en el  que murieron siete pandilleros. Los cinco exmiembros del extinto Grupo de Reacción Inmediata (GRP) procesados por el homicidio del joven, fueron liberados de cargos luego de que se revelara una alteración de la escena y no había pruebas contra ellos.

Al leer el veredicto, Franco Castillo cuestiono la investigación de Fiscalía y a la Policía al declarar inocentes a los policías, al decir que había  “dudas razonables con respecto a las evidencias presentadas en el proceso y en el procesamiento del lugar” donde se produjo la muerte de Denis Alexander Hernández Martínez.

Por esa razón, dijo el juez, no se pudo establecer la responsabilidad penal de los cinco policías en la muerte del joven Hernández como tampoco se pudo establecer por las pruebas presentadas por la Fiscalía que se trató de una ejecución extrajudicial.

Incluso advirtió que pudo existir algún tipo de encubrimiento de parte de los jefes de la Policía que comandaban el operativo y de los que avalaron el mismo.

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