La Fiscalía dice que son “comentarios” que envió a los diputados, pero esas sugerencias establecen que las reformas al Código Procesal Penal que los diputados del oficialismo quieren aprobar no se podrían realizar sin antes tramitar “asistencia internacional”.
Estas reformas buscan permitir la intervención, incautación y extracción de información de usuarios de redes sociales.
“Tomar en cuenta que las cuentas por ejemplo de Facebook, Whatsapp y otras similares no son nacionales y tratar de aplicar una medida cautelar implicaría tramitar mediante asistencia internacional y uno de los mayores problemas será el tiempo de respuesta el cual comúnmente sabemos que es prolongado”, alega la Fiscalía en un informe enviado a la Comisión de Seguridad.
La Fiscalía también les hizo ver a los parlamentarios que extraer mensajes no abiertos y leídos por el usuario de Messenger, WhatsApp y otras redes sociales puede ser interpretado por un juez como una intervención telefónica.
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Lo anterior se da en el marco de una serie de hackeos a grupos de WhatsApp administrados por periodistas y medios de comunicación, en donde se comparte información de coberturas y fuentes de datos.
El experto en informática, Carlos Palomo, recalca en este punto que la rama de la informática forense es bien especializada y está bien reglamentada, por lo que existen estándares establecidos sobre la materia que, a su juicio, no fueron integrados a las reformas que la bancada de Nuevas Ideas ha acordado.
Si bien aclara que mientras no exista la orden de un juez para que un agente encubierto digital opere, no podría intervenir una cuenta personal, sí podría ser el caso que se designe a un patrullero digital para entrar a algún chat grupal y obtener información que pueda ser usada para acusar a alguien en un tribunal.
Mientras esto se discute, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha pedido a la Fiscalía que investigue el hackeo de los celulares de más de una treintena de periodistas de distintos medios de comunicación y recientemente denunció que varias cuentas grupales y de periodistas fueron intervenidas.
Los diputados recibieron el informe de la Fiscalía como parte de las observaciones del Ministerio Público a las enmiendas planteadas al Código Procesal Penal, pero no revirtieron ni abonaron nada al tema de la evidencia digital. Se prevé que éstas sean aprobadas en el pleno la próxima semana.