Fiscalía acusa en tribunales al director de la Policía por incumplimiento de deberes

La acusación fue presentada esta tarde en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Arriaza Chicas, quien renunció a su cargo de viceministro de Seguridad, es acusado por no llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la Asamblea Legislativa.

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Uno de los nuevos delitos que podría investigar la Fiscalía es el de encubrimiento, pues el gobierno ha tratado de burlar que el director de la PNC siga un proceso de investigación, además de un delito de fraude procesal, por cambiar la situación del comisionado Arriaza Chicas al momento en que era investigado con la finalidad de evadir la justicia. Foto EDH/ Yesica Hompanera

Por Vanessa Jurado

2020-12-15 5:20:31

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó penalmente este martes al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes.

La acusación fue presentada esta tarde en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, por la Unidad de delitos relativos a la Vida de la oficina fiscal de San Salvador.

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El director de la Policía, quien la semana pasada renunció sorpresivamente a su cargo de viceministro de Seguridad, fue acusado en el Juzgado Quinto de Paz, de San Salvador, por no llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la Asamblea Legislativa.

 

El director de la Policía, quien la semana pasada renunció sorpresivamente a su cargo de viceministro de Seguridad, es acusado por no llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la Asamblea Legislativa.

“El 30 de septiembre del presente año, la Comisión Especial que estudia el uso de fondos por la Pandemia Covid-19 de la Asamblea Legislativa citó por cuarta ocasión al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de dichos dineros. Al no hacerse presente, se le ordenó al director de la Policía que llevara al funcionario por apremio, mandato que incumple”, informó la Fiscalía.

Captura Twitter FGR

El fiscal del caso informó que el delito por el que el director de la Policía es acusado tiene una pena de entre 4 a 6 años y la inhabilitación del ejercicio de su cargo si es encontrado culpable.

La semana pasada, durante la intervención de la defensa del director de la Policía en la plenaria de desafuero en la Asamblea Legislativa, uno de los abogados anunció sorpresivamente que Arriaza Chicas ya había renunciado como viceministro de Seguridad, por lo que ya no procedía la votación en el pleno para desaforarlo.

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Tras dicha notificación el presidente Nayib Bukele anunció en su cuenta de Twitter que Arriaza Chicas presentó su renuncia el lunes, y que ya fue publicada en el Diario Oficial. “La Asamblea no puede quitarle el fuero ni separar del cargo a alguien que ya no es viceministro”, dijo.

Tras conocerse que el funcionario se había despojado él mismo del desafuero constitucional mediante su renuncia al cargo ad honorem de viceministro de Seguridad; los diputados emitieron una resolución dirigida al Fiscal General, Raúl Melara, para investigar el cometimiento de nuevos delitos.

La Asamblea también notificó a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia el desempeño de los cinco abogados defensores del director de la PNC.

DELITOS ATRIBUIBLES A ARRIAZA CHICAS POR RENUNCIA

“Fraude Procesal”
Art. 306 del Código Penal

“El que en el curso de un proceso penal o inmediatamente antes de iniciarse, alterare artificiosamente el estado de los lugares o la posición o condición de las personas, de las cosas o de los cadáveres con el fin de engañar en el acto de la inspección o reconstrucción judicial, o suprimiere o alterare en todo o en parte lo que acreditare la realidad o verdad de lo que se pretendiere conocer, investigar o probar, para inducir a error en una actuación o decisión judicial o de la Fiscalía General de la República, será sancionado con prisión de dos a diez años”.

“Incumplimiento de Deberes”
Art. 321 del Código Penal
“El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo. Cuando el incumplimiento del deber dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo de otro, la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación del cargo por igual periodo”.