La Fiscalía pidió hoy en una corte penal condenar al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) a 10 años de prisión por la malversación de más de 300 millones de dólares, con lo que ratificó el trato de pedir una pena leve a cambio de su confesión.
Los fiscales del caso pidieron a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia San Salvador, al cierre de sus alegatos finales, imponer una pena de 5 años por el delito de peculado y la misma cantidad por lavado de dinero.
#CasoSaca Fiscalía General pidió al Tribunal Segundo de Sentencia que el expresidente Antonio Saca, Elmer Charlaix, y tres exempleados de Casa Presidencial paguen $300 millones 347 mil como responsabilidad civil, también pidió que Julio Rank pague $8 mill y César Funes $800 mil.
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 28 de agosto de 2018
Dicho arreglo, conocido como “juicio abreviado”, fue alcanzado y autorizado por los juzgadores desde el inicio del proceso el pasado 7 de agosto, y le permite a Saca evitar una condena de hasta 30 años de cárcel.
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Los representantes del Ministerio Público también mantuvieron el acuerdo con el exsecretario privado Elmer Charlaix y el ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga al solicitar condenas de 10 y 6 años de cárcel, respectivamente, por los mismos dos delitos.
La Fiscalía también pidió penas de 5 años contra los exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, Julio Rank y César Funes, respectivamente, mientras que para exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera solicitó 3 años, todos por lavado de dinero.
La pena más alta solicitada por los fiscales fue contra Pablo Gómez, a quien pidieron condenar a 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero por no aceptar ser procesado en un “juicio abreviado”.
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El juez presidente del Tribunal aclaró que aún no ha autorizado el procedimiento abreviado y dependerá de lo confiesen los imputados.
Gómez rindió una “declaración indagatoria” este lunes en la que dijo ser inocente de los delitos y aseguró que el dinero que sacaba de varias cuentas bancarias, que según la Fiscalía eran ilegales, lo entregó a Rodríguez Arteaga.
“Era el último empleado en la escala (de la Presidencia), sin poder de decisión” y “no podía supervisar a las autoridades en el uso de los fondos”, apuntó el imputado.
Aseguró que no se quedaba “ni una hora” con el efectivo antes de entregarlo a su jefe y que “jamás” pensó que era parte de un “plan criminal”.
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), falleció antes de que se instalara un proceso en su contra.
