La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto procesos de investigación en contra de oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de que estos incumplieran órdenes de la Asamblea Legislativa y de la misma Fiscalía de llevar con apremio al ministro de Hacienda hasta la Asamblea y desalojar a sindicalistas que obstruían el depósito de basura de San Salvador al relleno sanitario en Nejapa.
“Hay procesos abiertos, en primer lugar será contra los oficiales de la PNC, a los cuales se les pidió directamente que dieran cumplimiento a una orden funcional de la oficina fiscal correspondiente que no se llevó a cabo; dentro de dichas investigaciones se deberá dilucidar si hubo una orden superior que les dijera que no colaborara con ordenado por la Fiscalía”, ha dicho el Fiscal Raúl Melara, en declaraciones publicadas en la cuenta de Twitter de Fiscalía.
La semana pasada, sindicalistas de ASTRAM, que por años estuvo dirigido por el actual ministro de Trabajo, Rolando Castro, mantuvieron por casi una semana bloqueado el paso al relleno sanitario en Nejapa, lo cual provocó que la alcaldía capitalina no pudiera depositar los desechos y esto a su vez llenó la ciudad capital de promontorios de basura por todos lados.
Fiscal General @MelaraRaul brindó declaraciones sobre incumplimiento por parte de la PNC a órdenes giradas. pic.twitter.com/Pm7cwfpqye
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 12, 2020
La oficina fiscal de Mejicanos ordenó a la Policía desalojar a los sindicalistas pero la corporación policial no cumplió con la orden. Los sindicalistas se retiraron hasta que un tribunal ambiental emitió una resolución judicial en la que se ordenaba aplicar la Ley de Medio Ambiente y dejaran ingresar los camiones con basura de la comuna capitalina. “Se ha levantado un acta, donde los sindicalistas se retiran en cumplimiento de lo indicado por el juzgado ambiental”, confirmó el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.
Pese a que la orden era dada por una autoridad superior y hubo hasta peticiones como las del Movimiento de Trabajadores Policiales de que no se prestara a juegos políticos y cumpliera la ley, la orden no fue ejecutada.
Antes de ese hecho, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, también se había negado a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por orden de la Asamblea, también una autoridad superior, debido a que el ministro se ha negado a acudir a la comisión de Hacienda donde se le ha requerido para que rinda cuentas sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia.
Para justificar su decisión, Arriaza Chicas dijo que todo era cuestión política y que el ministro tiene una “causa justificada” para no render cuentas.
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En el caso de incumplimiento de la orden fiscal para desalojar a los sindicalistas del relleno de Nejapa, y pese a que el desalojo se daba por una orden judicial, el director de la Policía acudió a lugar y publicó en Twitter lo siguiente: “hemos encontrado una solución pacífica al conflicto de los trabajadores de ASTRAM”, y agregó fotografías donde se ve a los sindicalistas firmando el acta con la Procuraduría.
Para el Fiscal Melara, “el director (de la PNC) está en la obligación legal y de colaborar y hacer cumplir lo que la Asamblea le está pidiendo” y que “de no hacerlo pues incurriría en las sanciones penales correspondientes”.
Melara recordó que la PNC es una institución no deliberante y que su deber es cumplir con lo que se le ordena o solicita. “Si hay funcionarios que se exceden en el uso de sus funciones serán las instancias pertinentes lo que lo determinen”, afirmó el Fiscal.
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