El Juzgado de Paz de Panchimalco resolvió enviar el caso del alcalde de ese municipio, Mario Meléndez, quien denunció el supuesto desvío de abono del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al partido Nuevas Ideas, a un juzgado de Instrucción de San Salvador para siga el procedimiento del juicio ordinario.
Meléndez es acusado por la Fiscalía General de haber hurtado abono del MAG, cuando supuestamente era llevado a descargar a una casa que servía de bodega en Panchimalco.
La jueza Yolanda Urrutia sustentó su decisión en los artículos 420 y 446 del Código Procesal Penal que establecen que los miembros de los Concejos Municipales que cometan delitos oficiales y comunes responderán ante los jueces de Primera Instancia.
Para el procesamiento y juzgamiento, a los concejales municipales se les someterá a un proceso ordinario, pero en ningún caso podrá someterse los imputados al procedimiento abreviado ni al sumario ante el juez de Paz, señala el artículo 420.
Con respecto a los otros cinco empleados municipales, la jueza Urrutia autorizó el juicio sumario, por lo que dentro de 15 días se definirá si ellos son condenados o se les libra de cargos.
La Fiscalía General pidió en la audiencia inicial contra el alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, que sea procesado en juicio ordinario; mientras que los otros cinco empleados municipales que son acusados de hurtar abono se mantengan con el juicio sumario.
El jefe de la unidad de Intereses del Estado, Mario Donald Salazar, explicó que el artículo 446 del Código Procesal Penal prohíbe que los miembros del Consejo Municipal sean sometidos a un juicio sumario.
En ese sentido, Salazar dijo que habían pedido que Meléndez sea enviado a Instrucción con la medida de presentarse cada 15 días a firmar al juzgado.
Salazar aseguró que cuentan con las evidencias suficientes que demuestran que Meléndez hurtó el abono que sería entregado a personas de escasos recursos económicos.
Entre las pruebas figura el decomiso de 24 sacos de abono que estaban en la Alcaldía de Panchimalco. Cada saco con un valor de $16.
La Fiscalía General también dispone de videos y fotografías donde se observa a los acusados cuando interceptan la rastra para hurtar el abono y llevárselo en otro vehículo.
Las investigaciones apuntan que la rastra se dirigía a una casa que sirve de bodega para almacenar el abono del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La misma es alquilada por María Angela Benítez, con una renta de $150 mensuales para dos meses, según Salazar.
Meléndez alegó en su momento que la rastra iba a descargar el abono en la sede del partido Nuevas Ideas para entregarlo con fines políticos a simpatizantes de este partido.
Tras conocerse la resolución del juzgado de Paz, el alcalde Meléndez consideró que la acusación en su contra es una persecución política.
“Hay un dolo en el caso mío, hay una persecución política de parte de las autoridades del Gobierno, en este caso hasta incluso hace dos días no me dejaron aperturar una cuenta bancaria de parte de la alcaldía”, dijo Meléndez.
El alcalde aseguró que el Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó tres abogados querellantes (acusadores particulares) en el proceso judicial.