El fiscal general de la República, Raúl Melara, exigió al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que se abstenga de hacer señalamientos en contra del Ministerio Público sobre el proceso de investigación que le sigue al alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson.
Castro ha acusado a D’Aubuisson de retener cuotas laborales a miembros del sindicato de la Alcaldía de Santa Tecla, según explicó el alcalde, porque hay dos directivas y primero tienen que solucionar ese conflicto para asignar los fondos.
A través de Twitter, Castro dijo que “es sumamente vergonzoso cómo va formulado el requerimiento fiscal (acusación formal contra D’Aubuisson). La culebra mordiendo al descalzo, queriendo exonerar al alcalde y cambiando la tipificación del delito”.
Ante esto, Melara respondió: “Ministro, parece que se le olvida que ya no es sindicalista. La obligación de la Fiscalía es ser garante de la legalidad y no hacer lo que otros quieran o crean, de acuerdo a sus intereses”.
Ministro, parece que se le olvida que ya no es sindicalista.
La obligación de la @FGR_SV es ser garante de la legalidad y no hacer lo que otros quieran o crean, de acuerdo.a sus intereses.
Absténgase de hacer señalamientos temerarios en contra de la institución que dirijo. https://t.co/IbT2Y8BJ7Q
— Raúl Melara (@MelaraRaul) November 5, 2019
Minutos después, Castro le dijo: “Como ministro me siento orgulloso, cumplimos nuestra labor, tutelar los derechos de la clase trabajadora, lo que la Fiscalía y el alcalde hagan este día, que lo juzgue el pueblo. Ni yo soy sindicalista ni ud. Abogado defensor, ambos, somos funcionarios y debemos cumplir la ley”.
El pasado 29 de octubre, Castro presentó un aviso ante la Fiscalía en contra del alcalde de Santa Tecla por supuesta apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de los miembros del sindicato de trabajadores municipales de la alcaldía de Santa Tecla (Sitramsat).
Un bando dentro del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla (Sitramsat) ha impedido que la comuna reintegre al movimiento de empleados cerca de $30,000 que les permitirían operar y otorgarle beneficios a más de 400 afiliados.
El aviso presentado por Castro detalla que los integrantes del movimiento sindical no reciben sus cuotas tras la justificación del alcalde de que no se encuentran en legalidad en la alcaldía. Castro asegura que el alcalde “es un infractor de la ley y esta debe aplicarse de forma pareja y sin exclusiones”.
D’Aubuisson, por su parte, se defendió diciendo que los cheques que consignan las cuotas sindicales están en custodia de la tesorería municipal por que lo que no hay retención. “No podemos entregarlos ya que no existe una resolución judicial firme que aclare la disputa entre las dos Juntas Directivas”, señaló.
Agregó que lo que Castro busca es “sorprender en su buena fe” al fiscal general y generar desinformación sobre un tema que, según dijo, el ministro tiene claro: que hay una pugna entre dos directivas del sindicato, por lo que la alcaldía no sabe a cuál de las dos desembolsarle el dinero.
“El ministro está apoyando a una directiva que impuso la ministra de trabajo anterior; reconociendo a una directiva de facto… algunos (de sus integrantes) ya ni son empleados de la alcaldía y los mismos estatutos del Sindicato dicen que solo empleados de la alcaldía pueden formar parte del Sindicato y de la junta directiva”, sostuvo el alcalde de Santa Tecla.
La directiva “elegida legítimamente”, encabezada por Juan José Barahona, ha cuestionado la legalidad de la otra dirigencia y, en diciembre de 2017, interpuso un amparo en la Corte Suprema de Justicia pero no ha sido resuelto. Por ello, le ha pedido a la municipalidad que aún no traslade el dinero.
“Que lo vea la Fiscalía, porque nosotros no tenemos ninguna cuota laboral retenida. Eso se le ha explicado a la Fiscalía, pero Castro sigue insistiendo para apoyar a una directiva política a favor del FMLN o está respondiendo a otro tipo de intereses”, reprochó D’Aubuisson.