Fiscal pide apoyo técnico a OEA para indagar caso El Chaparral

El caso más significativo es el de la presa; también apoyará en caso Sitramss y subsidio al transporte. El apoyo que dará el organismo internacional es puramente técnico, dijo Fiscal Raúl Melara.

Por Cecilia Fuentes/Jorge Beltrán

Ene 15, 2020- 19:00

“Este día se escribe una nueva historia en la lucha contra la corrupción, escribió en su cuenta de Twittter, el Fiscal General, Raúl Melara. Horas antes su equipo de prensa había convocado a una conferencia en la que se trataría temas importantes, decía la invitación.

Sin embargo, lo que el Fiscal General anunció fue la solicitud formal a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que apoye técnicamente a la Fiscalía en tres casos de específicos de corrupción.

Esos tres casos son la asignación de fondos y uso de subsidio a los empresarios del transporte público de pasajeros, la adjudicación del Sitramss (Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador) y la última etapa de la (construcción) presa El Chaparral.

La solicitud de requerimiento de asistencia técnica para casos de corrupción de gran impacto en El Salvador fue entregada al comisionado Ronalth Ochaeta.

Según Melara, con la colaboración de la OEA se espera tener los mejores resultados en el combate a la corrupción de esos casos, explicó el funcionario.

“Hoy pasamos a la acción, cumpliendo con mi compromiso como Fiscal General de la República y agradeciendo la colaboración de la OEA, quise hacer público este anuncio porque cada salvadoreño debe estar consciente de que mi voluntad en el combate a la corrupción se mantiene férrea”, afirmó Melara.

El pasado 9 de diciembre, delegados de la OEA le propusieron a la Fiscalía General de la República una “alianza estratégica” para el combate a la corrupción. Dicha alianza se plasmó en un convenio firmado por ambas entidades.

El organismo internacional dijo que brindaría asesoría técnica para fortalecer las capacidades del Ministerio Público en la prevención, detección, investigación, acción penal y erradicación de la corrupción e impunidad.

Estos tres casos de corrupción, según Melara, serán trabajados conjuntamente con fiscales de la Dirección Anticorrupción e Impunidad de la misma Fiscalía.

Por su parte, Ochaeta dijo que la OEA-CICIES ya cuenta con un presupuesto y con el personal idóneo para apoyar a la Fiscalía en lo que constituyen los tres primeros casos en los que se le pide ayuda técnica.

El hoyo del Chaparral

De los tres casos en los que el Fiscal General quiere que la OEA lo ayude, el más significativo es la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en el municipio de San Luis de la Reina, departamento de San Miguel.

La construcción de esa obra inició hace más de 11 años y por ahora se encuentra paralizada. Se estima que, de ser finalizada, la presa costaría más de 700 millones de dólares, es decir, poco más de tres veces de lo presupuestado inicialmente.

El Diario de Hoy ha publicado múltiples reportajes sobre irregularidades señaladas en la construcción de El Chaparral y en que se advertía sobre indicios de corrupción.

Por su parte, la Fiscalía ha acusado a varios funcionarios de actos de corrupción en esa construcción, entre estos el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien se encuentra en Nicaragua, país en el que solicitó asilo y luego se nacionalizó para evitar una extradición.

Además de Funes, están implicados el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour; José Miguel Antonio Menéndez, conocido como Mecafé; Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, pareja sentimental de Funes; y José Efraín Quinteros. De todos ellos, solo Mecafé se encuentra detenido, el resto son prófugos de la justicia.

En el caso del Sitramss, entre otras supuestas irregularidades en su construcción es que la Asamblea Legislativa no conoció y no avaló el proceso de concesión del carril segregado, el cual sería usado exclusivamente por los autobuses de esa empresa, y por lo cual, en 2018, la Sala de lo Constitucional ordenó que fuese liberado, es decir, que dejara de ser de uso exclusivo para los buses del Sitramss.

En cuanto al caso del subsidio al transporte público, hace varios días, el diputado David Reyes presentó un aviso ante la Fiscalía para que indagara la posible corrupción que podría haber en la asignación de fondos a dueños de autobuses que están fuera de servicio.

El aviso de Reyes fue puesto luego de que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, publicara en su cuenta de Twitter que había unidades de transporte que estaban en abandono pero que sus dueños continuaban cobrando el subsidio.

Tanto Melara como Ochaeta se limitaron a decir que en estos tres casos de corrupción, el apoyo será de tipo técnico, sin entrar en mayores detalles.

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