Rodolfo Delgado, el abogado a quien los diputados afines al presidente salvadoreño Nayib Bukele nombraron fiscal general de la república el 1 de mayo pasado, trabajó para el conglomerado Alba Petróleos de El Salvador -subsidiaria de la petrolera venezolana PDVSA-, al que la misma fiscalía investiga desde al menos 2018 por presunto lavado de millones de dólares.
El 2 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de El Salvador juramentó a Rodolfo Antonio Delgado Montes como fiscal general para reemplazar en el puesto al recién destituido Raúl Melara. Los diputados que avalaron el nombramiento, afines todos a Bukele, abrían un importante conflicto de interés: Delgado, como jefe máximo de la Fiscalía General, tendría en su escritorio el caso por lavado contra Alba Petróleos, un conglomerado de empresas para la que él trabajó al menos hasta el final de 2019.
No solo eso: el caso Alba Petróleos, según han revelado diversas investigaciones periodísticas y académicas, también involucra al presidente Nayib Bukele y al menos a media docena de funcionarios de su círculo más cercano. De acuerdo con documentos incautados en 2019 por la Fiscalía General, cuando Delgado trabajó para el conglomerado, entre Bukele y sus funcionarios recibieron al menos USD 3.474.894 en forma de préstamos directos o donaciones, además de otras cantidades invertidas en empresas diversas.
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Alba Petróleos de El Salvador es una empresa fundada en 2006 con fondos de la petrolera venezolana PDVSA bajo un régimen de propiedad inicial que otorgó el 60% a esa estatal y el restante 40% a un consorcio salvadoreño de alcaldías. Desde al menos 2018, Alba Petróleos es investigada en El Salvador por posible lavado de dinero; también hay investigaciones abiertas en Estados Unidos y Venezuela por la misma razón. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense extendió sanciones a las filiales centroamericanas de PDVSA, entre ellas Alba Petróleos.
El 29 de mayo de 2019, dos días antes de que Bukele jurase como presidente de El Salvador tras ganar con holgura la elección en primera vuelta, la fiscalía general que entonces dirigía Raúl Melara allanó 23 empresas relacionadas con Alba Petróleos. Fue en esos allanamientos que los fiscales encontraron los documentos que comprometen a Bukele y su entorno.
La investigación languideció, pero el expediente seguía abierto cuando Delgado llegó al despacho del fiscal general poco más de un año después de haber declarado al gobierno salvadoreño que había sido empleado de Alba Petróleos en 2019.
Documentos del Ministerio de Hacienda que se publica Infobae revelan que en 2019 Delgado recibió USD 46.666,60 de Alba Petróleos de El Salvador S.E.M. de C.V, empresa con Número de Identificación Tributaria 0614-050406-103-3.
El archivo en alta calidad para verificar los documentos del Ministerio de Hacienda consultados por Infobae puede verse acá
La cantidad recibida de Alba Petróleos se tradujo para Delgado en una remuneración mensual de USD 3.888, lo cual representó casi el 70% de todos los ingresos que el abogado reportó a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda por el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Delgado hizo su declaración, número 111702828176, de forma virtual el 29 de abril de 2020. Por lo que recibió de Alba Petróleos, el actual fiscal general pagó 4,666.60 de impuesto sobre la renta.
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Un perito de Hacienda consultado, quien habló con condición de anonimato por temor a represalias y quien tuvo a la vista la declaración de Delgado, explicó que los ingresos recibidos de Alba Petróleos tienen, en el documento, categoría 01, que es el asignado a los salarios. “Esto significa que él era empleado de Alba”, dijo. En la declaración, Delgado lista ingresos provenientes de otras cinco fuentes, empresas salvadoreñas todas, los cuales están listados con categoría 11, correspondientes a pagos por servicios profesionales como consultor.
El autor de esta nota confirmó la autenticidad de la documentación hacendaria con dos peritos del Ministerio de Hacienda y en otro expediente oficial al que está anexo. El despacho del fiscal general no contestó a solicitudes para comentar estos hallazgos.
El golpe de mayo
La juramentación del prestador de servicios de Alba Petróleos como litigante en jefe del Estado salvadoreño, el 2 de mayo, ocurrió poco antes de que aumentara la presión internacional sobre Bukele por actos de corrupción y de complicidad criminal atribuidos a su administración.
El 17 de mayo, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los aliados políticos más importantes de El Salvador, había lanzado una advertencia al nombrar a Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele, y a José Luis Merino, excomandante guerrillero también cercano al presidente, como funcionarios sospechosos de actos de corrupción en una lista solicitada por la congresista demócrata Norma Torres.
Merino es el arquitecto del entramado Alba Petróleos y fue, durante más de una década, uno de los hombres que controló los fondos que llegaban desde Venezuela y terminaron, entre otras cosas, financiando carreras políticas. Parte de los fondos entregados por Alba al actual presidente sirvieron, en 2013, para financiar una televisora que el entorno de Bukele utilizó para lanzar su carrera política desde la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un suburbio de clase media alta cuya municipalidad el político entonces dirigía. Al ser consultado sobre el tema, en septiembre de 2019, tras la publicación de una investigación periodística al respecto, Bukele se limitó a preguntar “¿y quién no ha hecho negocios con Alba Petróleos?”
Recinos, hasta su nombramiento en la lista pedida por Torres, era una pieza clave en el gabinete. Ella coordinó, por ejemplo la respuesta a la crisis por la falta de agua potable previa al ingreso de Bukele a la Asamblea Legislativa con miembros del ejército el 9 de febrero de 2020, o una parte de la estrategia inicial por la pandemia de Covid-19. Esta mujer recibió un préstamo hipotecario de US$ 227.000 de Alba Petróleos y fue representante legal de Starlight, la compañía que acogió a la televisora de Bukele, también financiada con fondos Alba.
El 1 de julio, un mes después de la juramentación de Delgado como fiscal general, El Departamento de Estado volvió a incluir a Recinos y Merino en una lista, esta vez la llamada Lista Engel, como se conoce al Reporte de Actores Corruptos y Antidemocráticos relacionados a la sección 353 de una ley que obliga al Departamento de Estado a reportar el Congreso a dichos actores.
De Merino y Recinos, el memorándum del Departamento de Estado en el que se incluye la Lista Engel dice que participaron en un “esquema de lavado de dinero”.
Ese esquema al que se refiere Washington es el de Alba Petróleos, según confirmaron en la capital estadounidense un asistente legislativo en el Senado, un ex diplomático estadounidense que estuvo destacado en El Salvador y un contratista del gobierno federal con amplia experiencia en Centroamérica.
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Patrick Leahy, senador demócrata por Vermont y miembro del comité de adjudicaciones de la Cámara Alta, fue uno de los primeros en advertir que el nombramiento de Delgado podía estar relacionado con el intento por detener investigaciones como la de Alba Petróleos.
“Es notable que, antes de su destitución, el anterior fiscal general, con apoyo de Estados Unidos, estaba investigando una serie de casos de corrupción de altos oficiales del gobierno, incluido un caso multimillonario de lavado de dólares. (La destitución de Melara y posterior nombramiento de Delgado) solo puede interpretarse como un intento flagrante de protegerse…”, escribió Leahy en un comunicado publicado el 17 de mayo, el mismo día en que el Departamento de Estado publicó los nombres de Recinos y Merino en la lista solicitada por la congresista Torres.
Estados Unidos se interesó por el entramado de Alba Petróleos a finales de 2015, cuando investigaciones internas, alimentadas por información proveniente de Venezuela y El Salvador, revelaron el posible esquema masivo de blanqueo de dólares, que incluía traslados de dinero a paraísos fiscales, lavado a través de préstamos no recuperables y creación de decenas de empresas fachadas, entre otros mecanismos. Un funcionario diplomático estadounidense destacado en San Salvador aquel año confirmó al autor que para 2016 el asunto se trataba al más alto nivel en la sede diplomática.
El apoyo estadounidense a la investigación que menciona Leahy quedó paralizada luego de que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y su embajador en San Salvador, Ronald Johnson, ofreciera apoyo político sin cortapisas al gobierno de Bukele en 2019 y la mayor parte de 2020.
Durante los meses en que la administración Trump en Washington coincidió con la de Bukele en El Salvador, sin embargo, agencias estadounidenses, encabezadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y apoyadas por el Buró Internacional de Asuntos sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, colaboraron con Melara en temas de interés para Estados Unidos, como Alba Petróleos o la posible extradición de líderes de la pandilla MS13 desde El Salvador, según confirmó un ex asesor del fiscal general destituido y el funcionario diplomático consultado en Washington.
Tras la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales estadounidenses de 2020, agentes estadounidenses destacados en San Salvador, Washington y Florida pasaron a formar parte de una fuerza de tarea que ha estado profundizando esas investigaciones.
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Fueron en parte las investigaciones de esa fuerza de tarea, junto a otros insumos recogidos por diversas agencias estadounidenses, las que sustentan el nombramiento de Merino, Recinos y otros funcionarios de Bukele ligados a Alba Petróleos en la Lista Engel. En la lista también aparece Pablo Anlinker, el exministro de Agricultura, una de cuyas empresas recibió hasta poco más de 7 millones de dólares de Alba Petróleos.
Tras la publicación de la Lista Engel, el fiscal general elegido por los socios de Nayib Bukele en la Asamblea dijo que no le interesaba investigar los señalamientos de los estadounidenses. “Yo no puedo decir que voy a iniciar una investigación en contra de estas personas, aun y cuando aparezca en este listado, aparezcan en otro, no lo puedo hacer en este momento”, dijo Rodolfo Delgado el 6 de julio pasado en una entrevista televisiva.
Lo que aún no explica Delgado, el abogado que trabajó para Alba Petróleos, es qué hará con todos los documentos que la Fiscalía incautó en las compañías del consorcio allanadas en mayo de 2019.
Esta nota fue originalmente publicada por Infobae