El Fiscal General, Douglas Meléndez, afirmó que se reunió con el presidente Salvador Sánchez Cerén para gestionar ante él, el tema de la autonomía de la Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía.
“Me reuní con el presidente para tratar el veto a la reforma de Ley que crea a la Fiscalía, Vinculada a la Unidad de Investigación Financiera(UIF). Abordamos el tema muy transparentemente y le expuse mis preocupaciones como Fiscal General, sobre la situación que se ha presentado con el grupo Egmont, entidad que reúne todas las unidades de inteligencia financieras del mundo y que facilita el intercambio de información”, detalló Meléndez.
En el encuentro con Sánchez Cerén, el Fiscal General expuso que esa reforma es necesaria y le ´pedí que reconsiderada su posición.
Entre tanto, el presidente Sánchez Cerén “fue claro en decirme que superado el veto la iba pasar a la Corte Suprema de Justicia, entendería que ayer (lunes) u hoy (martes) la ha remitido”, afirmó.
Meléndez agregó que el presidente Sánchez Cerén tiene su propia interpretación de orden técnico en el que estima que la reforma posiblemente “tiene un matiz de inconstitucionalidad y otras consideraciones de otro orden que no puedo mencionar”.
Sánchez Cerén considera que esta unidad podría quedar fuera de la Fiscalía, sin embargo le aclaró que lo peor que le podría ocurrir a El Salvador es que la UIF que eso fuera así y que no es el propósito, “que debe estar dentro de la institución por la objetividad de su trabajo y que; estar plegada al Ejecutivo o a un gobierno de turno, no sería lo correcto”, manifestó Meléndez.
Pero el documento que resume la superación del veto y que el presidente Sánchez Cerén habría enviado a la Corte para que continúe el debido proceso, va a sumarse a decenas de trámites varados en la Corte Suprema de Justicia, ante la falta de elección de cuatro magistrados que integren la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.
En todo caso, la Sala de lo Constitucional tendría que resolver este recurso, pero como no existe por falta de cuatro magistrados, la situación quedaría en el limbo de la justicia.
En ese sentido el Fiscal General, pidió a los diputados tomar en cuenta estos inconvenientes y elijan los cinco magistrados que requiere la Corte Suprema de Justicia para resolver.
“Para salir del nudo en que estamos, será la Sala de lo Constitucional (cuando exista), la que dirá si esta reforma es constitucional o no”.