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“No es justo que el hombre le haya quitado la vida así a mi hija”: familiares de Fernanda Nájera solicitan acompañamiento de la PDDH

La audiencia preliminar contra los cinco sospechosos de la desaparición y posterior feminicidio de la joven Fernanda Nájera Quezada, está programada para mañana.

Por Lissette Lemus | Sep 23, 2021- 15:15

Marielos Quezada, madre de Fernanda Nájera, joven asesinada en 2019 por su pareja, asistió este 23 de septiembre a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Han pasado dos años ocho meses desde la desaparición y posterior feminicidio de la joven Melvi Fernanda Nájera Quezada, de 23 años, y el abandono de su pequeño hijo, por parte de los asesinos, en un cafetal del municipio de Ataco.

La audiencia preliminar por este caso ha sido programada para mañana en el Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para la Mujer de Santa Ana, después que fuera suspendida, por tercera vez, el pasado 17 de agosto, bajo pretexto de que uno de los defensores de los acusados dio positivo al covid-19.

Según los familiares el proceso se ha ido prolongado con el fin de favorecer a los sospechosos del crimen, es por eso que ahora, en compañía de organizaciones feministas solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos para la diligencia judicial, con el fin de que esa institución que vela por los derechos humanos verifique la instalación de la audiencia.

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Marielos, madre de Fernanda, expresó que la suspensión de diligencias judiciales y audiencias han sido un desgaste psicológico para ella y su familia. “He venido acá para que se haga justicia. No es justo que el hombre le haya quitado la vida así a mi hija. No me voy a rendir nunca, voy a llegar hasta el final, hasta el día de mi muerte seguiré luchando por la justicia de mi hija” expresó.

La apesadumbrada madre también mandó un contundente mensaje para otras madres que están pasando por esta misma situación “ Les quiero enviar un mensaje a las madres que no se queden de brazos cruzados, que hay que luchar hasta el final” agregó.

La representante del colectivo Amorales denunció que ha habido ciertas inconsistencias en el proceso, como falta de información, falta de un proceso psicosocial para la familia, así como la revictimización de parte de las instituciones hacia la madre y los familiares.

“Creemos que estos casos de violencia se entrampan para que queden en la impunidad. Parte de prolongar los procesos es una estrategia para desgastar a las personas que deciden denunciar, en especial a las madres que buscan la justicia para sus hijas desaparecidas, violadas o que han recibido algún tipo de violencia” expresó la activista.

Los acusados

El principal sospechoso de haber cometido el feminicidio es Michael Alejandro Castillo Murga, padre del hijo de Fernanda, quien se encuentra prófugo tras cometer el asesinato de su ex pareja y abandonar a su propio hijo en un cafetal.

La Fiscalía acusa a Michael Alejandro de asesinar a Fernanda y que, para ocultar las evidencias del feminicidio, fue apoyado por cuatro personas más, entre ellas, se acusa su madre: Edith del Carmen Rivas de Murga (prófuga); la novia que en ese momento tenía, Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, de 18 años; el médico Roberto Arturo Valdivieso López, de 57 y el exfiscal Donald Augusto Valdivieso López.

Según las investigaciones, los implicados en el feminicidio quemaron el celular de Fernanda para evitar un rastreo y registros de llamadas, quemaron la ropa ensangrentada de Michael Alejandro y lavaron con vinagre el carro donde supuestamente el sujeto mató a su expareja.

La Policía solo logró capturar a tres de los cinco acusados, sin embargo, después que un Juzgado de Paz los enviara a prisión preventiva la Cámara Especializada para una vida libre de violencia de la mujer de Santa Ana, los dejó en libertad con medidas sustitutivas y además, les cambió el delito de fraude procesal a encubrimiento.

El encubrimiento está contemplado en el artículo 308 del Código Penal y es sancionado con penas de seis meses a tres años, por lo que puede ser excarcelable.

Michael Alejandro está prófugo y tiene una orden internacional de captura girada por la Policía Internacional (Interpol).

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