Familia de Morazán acusada de lavar $18 millones está en libertad

Imputados que habían sido declarados rebeldes y sobre quienes había orden de arresto, se presentaron de manera voluntaria el 12 de diciembre del año pasado y el 8 de enero. Dos de ellos volvieron a Estados Unidos, donde vivían desde antes de la acusación.

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Jaime Alberto Flores Batres fue el primero en presentarse al Centro Judicial de San Salvador, antes del mediodía del pasado 12 de diciembre. Después, ese mismo día, se presentaron otros tres imputados. Foto EDH / Jorge Beltrán Foto EDH/ Jorge Beltrán

Por Jorge Beltrán Luna

2019-01-20 10:03:48

A finales de julio de 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaba con evidente entusiasmo que había desbaratado una estructura familiar en el oriental departamento de Morazán, que de la noche a la mañana se había vuelto rica. Los acusaba de lavar 18 millones de dólares.

Mediáticamente, la Fiscalía vendió la idea de que la familia Flores Batres en un santiamén habían pasado de vivir en una casa de bahareque a un palacete que se había construido en el municipio de San Carlos, departamento de Morazán.

El caso fue presentado en un juzgado especializado contra el crimen organizado. La Fiscalía sostenía que el grupo familiar tenía vínculos en Perú, donde habían movilizado varios millones de dólares para blanquearlos.

Jaime Alberto, Sandra Yasmín, Elías Geovanny y Jesús Anabel, todos de apellido Flores Batres, Rosa Bares viuda de Flores, María Verónica Rodríguez de Flores, María Brígida Márquez, Rosa Delmy Amaya Márquez y Sonia Maricel Amaya Márquez fueron acusados del delito de lavado de dinero.

De todos ellos, sólo fue capturada Jesús Anabel. La Fiscalía señalaba como líder de la banda de lavadores, a Jaime Alberto, de quien se dijo que era carpintero en Estados Unidos y que, por tanto, no era posible que hubiera hecho tanto dinero. Además, se le vinculaba como el propietario de una empresa constructora en Perú.

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Enviado a juzgado común

Pero la investigación parece que no ha sido muy atinada de parte de Fiscalía. El primer tropiezo fue cuando el Juzgado Especializado contra Crimen Organizado se declaró incompetente para continuar conociendo el caso y éste fue traslado a un juzgado ordinario: al Tercero de Instrucción.

Posteriormente, en febrero de 2018, la única capturada por el caso fue puesta en libertad condicional debido a que adolecía de una enfermedad que requería tratamiento médico especializado.

En esos mismos días, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitó que a los ocho miembros de la supuesta estructura de lavado de dinero, se les declarara rebeldes y que se pidiera a la Policía Internacional (Interpol) colaboración para capturarlos, esto es que se emitiera una difusión roja.

Imputados llegaron al juzgado

Pero del revés más fuerte, es posible que los fiscales del caso no se hayan enterado aún: a la mayoría de imputados que habían sido declarados rebeldes, se les retiró la orden de captura y se les impusieron medidas alternas a la detención provisional.

A las 11:05 de la mañana del pasado 12 de diciembre, Jaime Ernesto, de 41 años, señalado de ser el principal sospechoso de la red de lavado de 18 millones de dólares, llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez acompañado de sus abogados. Se presentó voluntariamente. Llegó vistiendo un jeans azul, una camiseta blanca, zapatillas deportivas y lentes oscuros. Entró al juzgado acompañado de su equipo de abogados.

Aproximadamente una hora después llegaron Sonia Maricel, de 41 años; y Rosa Delmy, de 39, ambas de apellido Amaya Márquez, y la señora Brígida Márquez, de 80 años. Ella llegó ataviada con una especie de arnés lumbar, se le miraba que caminaba con dificultad.

Poco después del mediodía, el Juez Tercero de Instrucción de San Salvador resolvía a favor de los cuatro dejando sin efecto las órdenes de captura, cesando la calidad de rebeldes que tenían en el proceso penal e imponiéndoles medidas cautelares a los cuatro. Desde entonces llegan cada 15 días al juzgado a firmar un libro de control, no pueden salir del país sin autorización del juzgado y tienen la obligación de residir en una vivienda del oriente salvadoreño.

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Los cuatro imputados se excusaron ante el juez diciendo que después de que la Fiscalía divulgara el caso ante los medios de comunicación, recibieron amenazas y tuvieron que abandonar el país por temor a que alguien les hiciera daño. Eso consta en la última pieza del abultado expediente judicial.

Posteriormente, el pasado 8 de enero, otros dos imputados viajaron desde Estados Unidos, donde residen desde hace mucho tiempo. Elías Geovanny Flores Batres, de 46 años, y su esposa, María Verónica Rodríguez de Flores, de 45, se presentaron ante el juez de la causa.

La mujer presentó varios documentos, como cheques de pago por su trabajo en una escuela de parvularia, así como un permiso temporal que le otorgaba el centro escolar y otros documentos con los que probaba su arraigo domiciliar en Estados Unidos.

Igual que se hizo con los cuatro imputados que se presentaron el 12 de diciembre, minutos después de que ambos se presentaran voluntariamente, el juzgado resolvió dejarlos en libertad sin ninguna medida cautelar ni restricción.

Únicamente les ordenó que debían presentarse al juzgado cada vez que se les ordenara hacerlo.

En la tapa de la última pieza del expediente 58-2018, a la par de los nombres de los ocho imputados se ha escrito con lápiz la palabra “presente”.

A algunos vecinos del lugar donde están viviendo Jaime Alberto, Sonia Maricel, Rosa Delmy y María Brígida les ha causado asombro ver que los imputados se mueven con toda libertad.

Al igual que los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera, esos vecinos no saben que si bien siguen siendo procesados por ser sospechosos, según la Fiscalía, del delito de lavado de dinero, ya no tienen orden de captura y pueden moverse libremente.