Repetir una y otra vez el nombre de la pareja que murió, contar a extraños el dolor del duelo, los problemas económicos de la familia , el laberinto legal que recorren buscando la compensación económica que ofreció el Gobierno y encontrar un rostro de apatía en las oficinas gubernamentales es lo que viven 203 familias, quienes tienen en común la muerte de un profesional de sanidad a causa de covid-19, en tiempo de la pandemia.
Las familias se han unido para coordinar y poder presionar para que el Gobierno cumpla con el decreto 723, aprobado por la asamblea legislativa y el cual otorga $30,000 a la familia doliente.
Te puede interesar: Gobierno habilita la vacunación contra COVID-19 para niños mayores de 12 años
Pero a pesar que el decreto existe y que incluso en las páginas web de la presidencia hay un comunicado que dice “ Gobierno confirma pago de seguro de vida a familias de personal médico fallecido en la pandemia”, fechado 19 agosto 2020; ayer la doctora Laura Laínez de Rivas, recibió como respuesta de parte de personal del Ministerio de Salud que “no están enterados de que se trata el decreto, de cuántas personas somos, de cuánto es el monto que nos tienen que otorgar, cuál es el procedimiento (...) no tienen idea del decreto 723 ”, dijo la doctora, cuyo esposo Edgardo David Rivas Molina, neurocirujano del hospital San Rafael falleció el 29 de junio de 2020, a causa del nuevo virus.
El consultorio privado de los doctores Rivas cerró tras la muerte del neurocirujano; los hijos de la pareja temen que la doctora vuelva a las consultas y arriesgue su salud.
Te puede interesar: Todo lo que debes saber sobre la vacuna anticovid si vas a visitar El Salvador en fiestas agostinas
Ayer, la doctora junto con otros parientes de personal de primera línea de sanidad llegó a las oficinas centrales para solicitar una audiencia con el ministro Francisco Alabí, a quien quieren exponer el cumplimiento de la Ley Especial Transitorias para la Constitución del Fondo de Compensación Económica parta el personal de primera línea, la construcción de una plaza pública ecológica en honor al personal de salud y la necesidad de atención psicosocial .
Este último componente, el psicológico, en donde está un torbellino de emociones y sentimientos también cala hondo; pero las familias dolientes han logrado apoyarse entre ellas y han sacado las fuerzas necesarias para sacar adelante a sus familias y también dar la batalla legal para que se cumplan las promesas públicas del gobierno de ayudarles económicamente.
Las manos de Abigaíl Ávalos delatan el nerviosismo al hablar con periodistas sobre su esposo, el enfermero Jesús Barrera que trabajó 24 años en el hospital Saldaña.
Sus ojos se llenan de lágrimas que se rehusan a escapar. “Hay que aprender. Hablo menos. Soy explícita (en las declaraciones) porque sino ponerse uno a recordar” duele, especialmente cuando ella opina que hubo negligencia en el trato que recibió su esposo. Y también porque el covid-19 se llevó a cinco miembros de su familia en un lapso de 15 días.
El 9 de junio del año pasado, “yo lo ingrese a él en el hospital del Seguro de Zacatecoluca. Llegamos a las 2:00 de la tarde , lo ingresaron a las 7:00 de la noche y lo fueron a meter a un cuarto aislado. Él me escribió y me dijo: “Mi amor me están dejando morir”. Él pidió algo para el dolor, pero no lo hicieron caso. El sabía de la enfermedad porque fue de los primeros que empezaron a ver covid en el hospital Saldaña. Murió el 10 de junio, a las 11:00 de la mañana, cuando lo trasladaban para ingresarlo en San Miguel. El iba consciente en la ambulancia y hasta me dijo adiós. Murió en la ambulancia en el bypass de Usulután”, relató Abigaíl quien pasó a ser la cabeza del hogar que formó con Jesús y por lo que ha emprendido negocios para poder solventar los compromisos económicos familiares.
Abigaíl es parte del grupo de familias dolientes del personal de primera línea, en donde ha conocido casos de personas que no recibieron apoyos ya establecidos para empleados, como el gastos fúnebres. También el caso de una esposa que recibió el último cheque del sueldo de su esposo con el nombre de él, pero que sigue sin poder cobrarlo, pese a que ya pasó un año del deceso.
Ávalos añade que el único apoyo que han recibido es del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende.
Fátima Alas, del movimiento, recuerda como cuando inició la pandemia comenzaron en sus redes sociales a publicar esquelas por los decesos del personal de salud y el impacto que les causó a los miembros del movimiento cuando los nombres fueron formando una dolorosa lista.
“Las familias se han ido organizando y han ido encontrando que han tenido dificultades administrativas para que se les haga valer este decreto que es un justo reconocimiento. No ha sido del conocimiento público el mecanismo dónde se pueden abocar para que les responda; y también vemos las voluntades para que puedan agilizarse los procesos a favor de ellos”, dijo Alas.
Públicamente el Gobierno ha dicho que entregó seguros de familia, sin embargo Alas explicó que con las familias que se han ido organizando no han recibo ninguna prestación económica, y que el aporte es importante ya que algunos de los profesionales que fallecieron eran el sostén económico del grupo familiar. También hay casos en donde tras el deceso del profesional y el impacto emocional en la familia a desencadenado deterioro de la salud en alguno de los miembros. “Hay casos en donde los hijos adolescentes además del proceso de duelo tienen que acompañar el agravamiento de la salud de alguien más de la familia a partir del deceso del profesional. Es sensible lo que están viviendo”, dijo Alas.