Los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele que han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos de encabezar negociaciones con las pandillas criminales y de actos de corrupción durante la cuarentena obligatoria por la pandemia podrían convertirse en extraditables, coincidieron tres analistas consultados por El Diario de Hoy.
La supuesta participación en esos hechos delictivos por parte del director de Centros Penales, Osiris Luna; y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, que está bajo la lupa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “tiene que estar documentada y sustentada por las autoridades para luego hacer una solicitud oficial de una autoridad competente en Estados Unidos”, explicó Carlos Ponce, criminólogo y columnista de El Diario de Hoy.
Según Ponce, tras documentar el probable involucramiento de Luna y Marroquín en las supuestas negociaciones con las pandillas y otros actos de corrupción, las autoridades estadounidenses podrían enviar la solicitud oficial de extradición al Estado salvadoreño.
“Dependiendo de la naturaleza y el alcance de estos casos y las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos, se podría establecer en alguna medida la participación de funcionarios salvadoreños en las actividades ilícitas de las pandillas en dicha nación”, dijo Ponce.
El criminólogo ya había advertido esa posibilidad en su cuenta de Twitter: “Dependiendo del alcance de la colaboración documentada por @USTreasury entre funcionarios del régimen salvadoreño y cabecillas pandilleros, importantes figuras del oficialismo podrían convertirse en extraditables”.
La investigadora en temas de seguridad pública, Jeannette Aguilar no descarta que “algunas de estas menciones puedan derivar en un caso en una Corte Federal, que podría abrir la puerta para una eventual solicitud de extradición”.
Recordó Aguilar que de los “casos que hasta ahora se han incluido en la Ley Global Magnitsky no hay antecedentes de extradición, pero sí de sanciones económicas a los señalados”.
Lo que ha sucedido en algunos casos, según la investigadora, es que Estados Unidos ha presionado para la judicialización de los mismos en los países de origen de las personas señaladas por las autoridades estadounidenses.
David Morales, abogado de la asociación defensora de los derechos humanos Cristosal, considera que este tipo de señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses a supuestos responsables de actos corruptos y de negociaciones con grupos criminales son situaciones en las que participan otras agencias federales de investigación de Estados Unidos.
“Eventualmente son muy probables investigaciones criminales que derivan en procesos judiciales que requieran extradición, me parece que es una posibilidad muy clara en el futuro para este tipo de personas señaladas por corrupción”, dijo Morales.
Sin embargo, el control que tiene el Órgano Ejecutivo del Órgano Judicial dificultaría que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorice la extradición de los funcionarios como ha sucedido con al menos dos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) que son requeridos por la justicia estadounidense para que respondan por delitos graves cometidos en Estados Unidos.
Corte no entregó a pandilleros MS
Uno de los cabecillas extraditable es Armando Eliú Melgar Díaz, apodado “Blue”, por delitos de terrorismo y asesinato en Virginia y Nueva York , según el Departamento de Justicia de ese país.
La extradición de Melgar Díaz fue aprobada el 10 de junio pasado por la Corte Suprema de Justicia, pero casi dos meses después, los magistrados se retractaron de su decisión y desistieron de extraditarlo a Estados Unidos por razones desconocidas.
“Por más de 20 años lo estaban buscando, lo encontraron aquí, el Gobierno está diciendo que no pueden enviarlo. Solo puede quedar en la cárcel de una forma temporaria por dos años... En febrero (próximo), esta persona va libre por la decisión del gobierno de El Salvador de no cumplir con este acuerdo bilateral y esta mujer (víctima en EE. UU.) no va a recibir la justicia”, dijo Jean Manes, quien fue la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en el país hasta finales de noviembre.
Edwin Mauricio Rodríguez Morales, apodado “Manicomio”, es otro de los cabecillas que es reclamado por un tribunal de justicia estadounidense.
La petición de extradición fue rechazada por la CSJ en pleno aduciendo que corría riesgo de que fuera juzgado como adulto cuando era menor al cometer supuestamente el delito en Estados Unidos.
Lo que llamó la atención a Jean Manes es que la mayoría de los pandilleros que El Salvador ha negado a Estados Unidos son de la MS.
Por su parte, Morales cree que la falta de independencia judicial no garantiza que, ante una hipotética petición de extradición, el Estado salvadoreño pueda poner a disposición a estos funcionarios.
“Mal haría la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los vicios en la elección de varios de sus miembros, seguir sosteniendo la protección a responsables de crímenes”, agregó.
Ayer el presidente Nayib Bukele se dedicó a defender en su cuenta de Twitter a los funcionarios señalados por Estados Unidos, lo que le podría acarrear consecuencias penales en el futuro, sostuvo Morales.
“Si se establece en un futuro en El Salvador responsabilidades criminales, cuando menos le podía acarrear responsabilidades de encubrimiento para el actual presidente”, advirtió el abogado.