El extitular de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras, compareció este martes en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador en donde se le notificó que es procesado por los delitos de falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes para presuntamente favorecer al expresidente Antonio Saca, quien cumple una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero y peculado.
La audiencia inicial contra el expresidente del ente contralor fue programada para el jueves, a a las 11:00 de la mañana. El Ministerio Público ha solicitado detención provisional contra el exfuncionario.
La acusación presentada por la Fiscalía se basa en la declaración de Alfonso Bonilla, excoordinador de Auditorías de la Corte de Cuentas, quien el año pasado reveló en el juicio contra Saca que Contreras supuestamente ordenó que desde la institución, y no desde Casa Presidencial, se hicieran auditorías a los Gastos Reservados de la Presidencia.
La semana pasada, el director de la Unidad Anticorrupción, German Arriaza, manifestó que, en 2005, Contreras ordenó una auditoría a la Partida Secreta de Casa Presidencial con información que había emitido la Gerencia Financiera de la Presidencia, la cual constaba únicamente de los requerimientos que hizo Casa Presidencial al Ministerio de Hacienda para la asignación de fondos y sin ninguna documentación que respaldara la utilización de estos fondos para los fines que habían sido requeridos.
Con esa orden, Arriaza afirmó que Contreras incumplió los procedimientos que tenía la Corte de Cuentas y más cuando se ordena que en los análisis se inserte información falsa en la que se hacía ver que los auditores habían contrastado la información pertinente como facturas para justificar los fines en que se habían utilizado la partida de gastos reservados.
En total fueron 17 años los que Hernán Contreras estuvo al mando de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República repartidos en dos periodos. El dirigente pecenista inició su primera gestión al frente de la institución contralora en 1990, en ese entonces el PCN ya llevaba ocho años dirigiendo la Corte.
La Corte de Cuentas también extendió un “finiquito exprés” al expresidente Mauricio Funes, acusado de saquear al Estado con $351 millones en su gestión entre 2009 y 2014. En septiembre de 2016 Funes pidió asilo político en Nicaragua junto a su grupo familiar más cercano. En su caso fue el expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, quien le extendió el salvoconducto.
