El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción señaló este lunes que El Salvador enfrenta un contexto desafiante para la transparencia y la lucha contra la corrupción, por lo que pide a la comunidad internacional permanecer vigilante de los retrocesos democráticos en el país.
“El 2022 ha sido un año de múltiples desafíos para la consolidación de la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador”, expresaron las organizaciones en rueda de prensa.
Loyda Robles, representante de la Fundación Especializada para la Aplicación del Derecho (FESPAD), fue contundente al señalar algunas prácticas que reflejan “serios retrocesos” sobre transparencia en el país y plantea que estas “evidencian una dinámica de corrupción”.
“Nosotros conocimos información relacionada a que hay actos constitutivos de corrupción por parte de algunas instituciones de este gobierno”, dijo Robles y luego recordó que en 2020, la CICIES entregó a la Fiscalía 12 casos de corrupción en la administración actual y que el gobierno buscó deslegitimar estos señalamientos y desinstaló la entidad.
"Hemos visto de manera generalizada como se está inobservando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP) y eso viabiliza a este gobierno una generación de gastos que no están sometidos a ningún control", agregó Robles.
Las organizaciones hicieron hincapié en que la lucha contra la corrupción contribuyen a la construcción de condiciones para que la ciudadanía tenga una vida digna y con mejores oportunidades.
Retrocesos en transparencia
En ese sentido, René Valiente, coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, destacó los retrocesos que se ha dado en El Salvador en materia de transparencia y de acceso a la información, sobre todo con la cooptación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
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“El acceso a la información, rendición de cuentas y el respeto a derechos humanos son obligaciones estatales y los retrocesos que hemos evidenciado, en realidad son incumplimientos de estándares internacionales que le son exigibles a todos los Estados”, indicó Valiente. “Una democracia moderna no puede funcionar sin transparencia”, enfatizó.
Por su parte, Jessica Estrada, de Funde, recordó que gracias a la ley de información pública y a que el IAIP cumplió con su rol anteriormente es que se tiene tras las rejas y están siendo perseguidos expresidentes de la República.
“Se iban dado pasos pequeños en transparencia y combate a la corrupción, pero (en la administración actual) ha sido fácil retrocederlos y eso es lo que nos preocupa”, opinó.
Añadió: “No estamos viendo ninguna respuesta de parte de el ecosistema o instituciones que deberían activarse para combatir la corrupción en el país”.
Riesgo a la libertad de expresión
Por otra parte, las organizaciones recordaron que se han aprobado reformas penales y de telecomunicaciones que ponen en riesgo la libertad de expresión y de opinión porque “cada vez son más los ataques y amenazas a las voces críticas que piensan diferente y exigen se garantice el acceso a la información pública”.
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Luego señalaron que “es preocupante” la desnaturalización de la función legislativa que se ha caracterizado por el abuso de dispensas de trámite, ausencia de debate técnico o democrático para limitarse a aprobar únicamente iniciativas del Ejecutivo.
En ese sentido, las organizaciones invitaron al Gobierno a respetar marco nacional e internacional y profundizar en la democracia. “El gobierno debería aprovechar que ha logrado la mayoría absoluta para encausar un modelo democrático y no irse por el camino de las dictaduras. Es decir, el llamado es a no seguir en ese camino de desmontaje de la democracia en El Salvador”, dijo Abraham Ábrego, de Cristosal.
Integrantes de las organizaciones piden al Estado actuar de manera democrática y transparente, a respetar la libertad de expresión y a cesar ataques contra quien piense diferente; a las instituciones públicas piden ser independientes, a la comunidad internacional que esté vigilante y a la población exigir sus derechos y demandar transparencia contra la corrupción.