Pese a que el gobierno de Nayib Bukele ya cuenta con herramientas legales como las escuchas telefónicas, no advirtió y no se adelantó a las acciones violentas de los grupos criminales que ocasionaron más de 80 muertes durante el fin de semana pasado. Así lo señalaron expertos quienes consideraron que el gobierno no usa esa herramienta contra el crimen sino contra opositores.
En declaraciones a este medio, la jefa jurídica de Cristosal, Ruth Eleonora López, señaló que los 87 asesinatos del pasado fin de semana “son una expresión de la incapacidad gubernamental, que teniendo herramientas tecnológicas y legales no fue capaz de advertir las acciones de los grupos criminales”.
En ese sentido expresó: “pareciera que el objetivo de la inteligencia del Estado no es la lucha contra la criminalidad sino contener los flujos de información que exhibe la corrupción del gobierno”.
“El Estado ya puede intervenir a cabecillas”
En ese mismo sentido opinó el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien cuestionó por qué las autoridades del gobierno no intervinieron las comunicaciones de los líderes de pandillas ante el repunte de homicidios si ya contaban con las herramientas.
Él recordó que en el país está vigente desde hace algunos años la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones que puede ser usada tanto por la Policía Nacional Civil como por la Fiscalía General de la República.
En ese sentido enfatizó: “Ya el Estado, ya el gobierno podía intervenir telecomunicaciones bajo control judicial, o sea que no es nuevo, no necesitaba el régimen de excepción para hacerlo”. Escobar ahondó en que “si ya tenían identificados a los cabecillas, que creo que sí, porque ya los fueron a detener ¿por qué no les intervinieron las comunicaciones si ya tenían las herramientas para hacerlo?”
“Con fines políticos”
Por su parte, el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, indicó que hay muchas dudas sobre las motivaciones del despliegue del aparato de seguridad. “Si es verdad que el gobierno ha sido tan eficaz para capturar en pocos días más de 1,400 personas vinculadas con las pandillas, eso solo puede indicar que ya contaba con inteligencia previa que no utilizó oportunamente y debe explicar por qué”, apuntó.
Añadió: “esto equivale a haber tenido la capacidad de haber detenido los recientes homicidios y quizá muchos más, y no haberlo hecho”.
Ahondó en que con esto se evidenciaría que la inteligencia estatal ha sido utilizada para otros fines “como el espionaje de activistas, periodistas y sociedad civil; y no para el combate del crimen”.
Por el otro lado, él explicó que si la realidad es que se está actuado con base en una respuesta inmediatista, visceral y con el fin de demostrar fuerza, “lo más probable es que el impacto real sobre el actuar de las pandillas sea muy limitado, seguramente haya personas inocentes detenidas o que, si estuviéramos bajo condiciones habituales, estas detenciones no avanzarían en el sistema judicial”.
“Y, por supuesto, también indicaría que la inteligencia del Estado se ha usado para fines políticos y no para enfrentar las pandillas que matan y extorsionan todos los días a los salvadoreños”, apuntó.
Hay 20 periodistas en la lista
Para el Relator de Expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Serafín Valencia, pareciera ser que lo que el gobierno busca es legalizar una actividad que ya venían realizando.
“Y aquí es donde nos entra una duda ¿será que hay información que ya ellos recabaron y están buscando nada más justificar la legalidad para utilizar esa información y levantar procesos judiciales en contra de algunas personas que ellos ya tendrían en la lista?”, expresó.
Recordó que “desde noviembre del año pasado se habla de un listado de cerca de 20 periodistas que la Fiscalía lo tendría en sus manos para quienes estaría presto a iniciar las investigaciones”.
“Este tipo de cosas siembran dudas y hacen pensar que el fondo de este decreto es más bien de carácter político y son otros los intereses que están en juego y no el combate a la criminalidad”, opinó.