El exministro de Salud, Guillermo Maza Brizuela y ocho personas más fueron exoneradas este viernes de los supuestos actos de corrupción en la reconstrucción de los hospitales de San Vicente y Usulután porque el tribunal Tercero de Sentencia consideró que Fiscalía General no había probado los delitos por los que fueron procesados.
En el caso del exministro Maza Brizuela, los jueces consideraron que él ya había sido procesado por actos arbitrarios, pero con los mismos hechos.
"Existe una doble persecución penal porque ya hay una sentencia de actos arbitrarios por ser los mismos hechos", dijo la jueza presidenta del tribunal.
Agregó que "este tribunal considera que no se ha destruido el principio de inocencia que confiere la Constitución. Ha llegado a la conclusión de que no se tiene prueba objetiva por lo que se declara sentencia absolutoria".
Tras escuchar el fallo que le favoreció, Maza Brizuela dijo que se sentía feliz y "complacido porque la justicia ha funcionado. Cuando me preguntaban antes de la audiencia que era lo que esperaba siempre les dije que espero un juicio justo y creo que es lo que se ha hecho ahorita".
Su abogado defensor, Mario Machado aseguró que "desde un inicio estábamos convencidos de la inocencia del doctor Maza, tristemente en este proceso no se juzgó a las personas que correspondía juzgar. Ha quedado demostrado nuevamente la inocencia del doctor. Confiamos en el sistema".
Los fiscales del caso dijeron que harán uso de los recursos legales que les confiere la ley para poder pedir la nulidad de la sentencia absolutoria a favor de Maza Brizuela.
"Fiscalía siempre ha sido respetuosa de las resoluciones judiciales y lo siguen siendo, pero eso no quiere decir que compartimos las resoluciones de los jueces. Para Nosotros vamos a presentar la apelación porque para nosotros si existió el delito de negociaciones, si tenemos prueba científica, financiera, testimonial que acreditan eso", dijo uno de los fiscales.
Con respecto al argumento del tribunal de que se trató de un doble juzgamiento, los fiscales aseguraron que "la Fiscalía en ningún momento acreditó hechos o cambio del sitio de la obra. Él estaba siendo acusado en esta vista pública por haber realizado un acuerdo conciliatorio con CPK, con Gerardo Enrique Osegueda, avalado por el conciliador".
El exministro de Salud solo fue procesado por supuestas negociaciones ilícitas en la reconstrucción del hospital San Pedro de Usulután.
Otras diez personas también fueron procesadas por la supuesta corrupción en la construcción y equipamiento de los hospitales de Usulután y San Vicente. Ellos eran acusados de negociaciones ilícitas, estafa agravada, falsedad ideológica, entre otros.
El abogado Rolando García, representante legal de la empresa CPK; y el ingeniero Ricardo Barrera fueron condenados a 4 años y seis meses de prisión por ilegalidades cometidas en la reconstrucción del hospital de Usulután, según la sentencia.
"Se ha acreditado que hubo por parte de la empresa CPK consultores, una estafa al Estado de El Salvador por medio del Ministerio de Salud", dijo uno de los fiscales.
Agregó que el abogado García "certificó una serie de créditos fiscales que sirvieron de engaño para que el Ministerio de Salud pudiera erogar esos fondos. El ingeniero (Barrera) que participó en la obra en la cual insertó información falsa en las estimaciones que coadyuvó a que se diera esta estafa".
Ernesto García, defensor del empresario alemán Gehard Rudolf Bollmann, dijo que los fiscales no lograron demostrar con pruebas de que su defendido habría facilitado documentación para defraudar al Ministerio de Salud.
La Fiscalía General aseguraba que los procesados habrían cometido delitos derivados de irregularidades detectadas en la construcción del hospital de San Vicente por un monto de $1,052,043.77 y otros $4,090,052.80 en la construcción del hospital de Usulután para un total de $5.1 millones.
La Fiscalía en los alegatos finales del juicio pidió que fueran condenados a ocho años de cárcel y penas de prisión de entre seis a diez años para los otros procesados.
Mario Machado, defensor de Maza, aseguró en el juicio que el exministro de Salud solo firmó los informes con las recomendaciones que hicieron técnicos y funcionarios del referido proyecto con respecto a las estimaciones de los costos de las obras.