La medida de bloqueo de señal de móviles en los centros penales que se aprobó en 2010 no se hizo efectiva al 100 % destacaron los diputados. Foto EDH/ cortesía DGCP
Además, existía una informalidad y desprotección de los trabajadores, que carecían de un contrato laboral formal y de toda seguridad social, ya que no cotizaban en el Seguro Social y las AFP. Tampoco se les hacía la respectiva retención al impuesto sobre la renta.
Ramírez Landeverde explicó que el problema se agravó más cuando la Fiscalía allanó las instalaciones de la Dirección General de Centros Penales, incautando toda la información contable y ordenando la detención de dos exdirectores de dicha institución.
Ante esos escenarios, el comisionado policial detalló que se buscó una salida viable creando la asociación Asocambio, amparada en la Ley Penitenciaria y su Reglamento.La referida ONG inició operaciones en enero de 2018.
“Esto nos permitía seguir contando con recursos vitales para la DGCP, siendo lo más crítico el mantenimiento de las clínicas médico-odontológicas, ya que en el presupuesto ordinario no se cuenta con recursos para ello, además de pagar a todos los trabajadores de Asocambio y cubrir necesidades urgentes de la DGCP”, detalla el exfuncionario en el comunicado.
Ramírez señaló que la dirección de Asocambio tuvo una dirección colegiada y administración profesional y estuvo amparada por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro y no hubo ningún reparto de utilidades.
“Absolutamente todos los ingresos de la operación de tiendas institucionales son destinados para los fines descritos, no se invirtió nada en vehículos, inmuebles u otro tipo de bienes”, aclaró el comisionado.
El jefe policial defendió su proyecto de la Asociación y aclaró que “en ningún momento quitó la facultad a la DGCP de disponer de los recursos, ya que la Junta Directiva estaba conformada por las mismas autoridades penitenciarias”.
“Se es parte de dicha junta en virtud del cargo ostentado. Al salir del ministerio, ya no tengo ninguna relación con Asocambio. La Asociación cuenta con auditoria interna y oportunamente se comunicó a la Corte de Cuentas de la República del inicio de las operaciones. Supongo que por ser éste el primer año, dicha entidad contralora no ha procedido a las auditorias pertinentes”, sustentó el exfuncionario.
Landaverde finalizó el documento “sometiéndose a cualquier investigación, tengo un compromiso con la justicia y la legalidad, el cual he demostrado en mis 27 años de servicio público en el área de seguridad, confiando en que hemos luchado por construir un sistema de justicia independiente y absolutamente consciente de que he actuado con rectitud, dentro de la legalidad, con el único propósito de resolver un grave problema”.