La Cámara Ambiental de Santa Tecla, La Libertad, instaló la audiencia contra el exministro de Defensa, Atilio Benítez y su esposa por supuesto enriquecimiento ilícito en el orden de $169,957.35, informó la Fiscalía General.
“Hay diferentes inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales juradas y presentadas en la Sección de Probidad”, dijo el ente fiscal.
A Benítez se le cuestiona cuatro irregularidades en 40 depósitos por un total de $113,344 realizados en cuentas corrientes.
A su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez se le cuestiona cuatro irregularidades por $56,613.35 en depósitos bancarios, pagos de préstamos hipotecarios y pagos a tarjetas de crédito.
#CombateALaCorrupción l Este día se instala la Audiencia Preparatoria en contra de Atilio Benítez Parada, exviceministro de la Defensa, quien no justificó la cantidad US$113,344.00. correspondiente a 4 irregularidades de 40 depósitos realizados en efectivo en cuenta corriente. pic.twitter.com/RsDl47gGh3
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 1, 2022
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El período cuestionado a Benítez por el ente fiscal corresponde a su cargo como viceministro de Defensa entre el uno de junio de 2009 y el 21 de noviembre de 2011.
En un principio, la Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que a la señora de Benítez se le atribuía $169,957.35 de supuesto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General informó que la referida Cámara admitió la prueba presentada por los fiscales del caso, con lo que se pretende que Benítez y su esposa restituyan los $169,957.35 al Estado.
Lisandro Quintanilla, defensor de Benítez y su esposa, hizo tres peticiones a los magistrados de la Cámara con el propósito de que el proceso sea declarado nulo.
Quintanilla aseguró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló que el monto del supuesto enriquecimiento ilícito ascendía a $67,000.
Sin embargo, la Fiscalía reclama más de $169,000, lo que para Quintanilla hay una incongruencia en el monto.
Señaló que el artículo 240 de la Constitución establece que solo puede existir enriquecimiento ilícito de los funcionarios a costa de la hacienda pública.
“El general Benítez nunca administró fondos públicos, por lo tanto, no puede ser objeto de este proceso”, dijo Quintanilla.