Exmagistrado Rodolfo González dice que urge una ley que regule el servicio público en El Salvador

El constitucionalista considera que dicha ley sería para combatir el nepotismo no solo en la Asamblea Legislativa sino en todas las instituciones del Estado

El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González afirmó que el país necesita una ley regule la administración pública para eliminar el nepotismo imperante en la Asamblea Legislativa y las demás instituciones del país.

Por Jaime López

Ene 14, 2020- 12:06

El exmagistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional afirmó que El Salvador necesita con urgencia una ley que regule el servicio civil público para combatir el nepotismo, no solo en la Asamblea Legislativa si no en todas las instituciones del Estado. El exconstitucionalista reconoce que en El Salvador hay gran desempleo, pero las pocas plazas que se requieren no se deben llenar con familiares o amigos de los mismos funcionarios que encabezan las instituciones.

“Tiene que acreditarse su formación, su experiencia, su idoneidad para el cargo, eso va a arrojar resultados en términos de eficiencia, de reducción de costos, trámites burocráticos y eficiencia que es lo que la población espera de las instituciones públicas”, destacó el exmagistrado González en la entrevista matutina Frente a Frente.

Citó como ejemplo el caso de la Sala de lo Constitucional que buscaba acelerar el avance en el proceso de los casos y necesitaba diez abogados especialistas, hicieron la convocatoria y concursaron 200 abogados; y se escogieron los que reunían las mejores capacidades, explicó.

Lea especial de nepotismo en El Salvador

El exmagistrado manifestó que hay un proyecto de Ley desde hace dos años en la Asamblea Legislativa del servicio público civil que elaboró el fallecido Franzy Hato Hasbún, secretario técnico de Casa Presidencial, lo mandaron a la Corte y asegura que él,  lo revisé y le pareció que era muy bueno, que cambiaría la Ley del Servicio Civil que viene de los años 1950.

El inconveniente que se presenta en el país, no es que la ley es vieja, o es una ley nueva, si no determinar, si la normativa está dando problemas, y eso sucede, se requiere realizar un diagnóstico -parece que ya se empezó a hacer-  evaluar si la Ley del Servicio Civil que data de 1950 ya no cumple con la exigencias actuales de una administración moderna, eficiente y que además, no implique un costo increíble de millones de dólares para pagar salarios y prestaciones sociales a personas sin rendir frutos.

El problema medular en la administración pública es el ingreso, el cual debe ser por concurso, examen o evaluación. Se deben identificar las necesidades y crear las plazas; mientras la Asamblea Legislativa aprobará el presupuesto para estas plazas públicas. Luego habrá que identificar cuáles son esas personas idóneas para esos puestos de trabajo.

“Si no se regula, se tendrá problema de clientelismo, se nombran a afiliados o simpatizantes a un partido que anduvieron en la campaña promocionando al candidato, se nombran parientes, personas no idóneas, y luego se quejas de la falta de compromiso, del desconocimiento de la legalidad de los servidores públicos… se llenó una cuota partidaria”, aclaró.

“Ya que está aprobada una ley de procedimientos administrativos, una ley de eliminación de barreras burocráticas, una ley de mejoras regulatorias, falta esta ley que regule los servicios públicos,  que permita dotar a las instituciones de servidores públicos idóneos y capaces, eso es lo que esperamos todos”, destacó González.

El constitucionalista afirmó que hay todo un año para aclarar dudas de lo que se pretende con la Ley,  por ejemplo las de los sindicatos porque según la asociación de empleados públicos, ese proyecto de ley va a violentar muchos derechos laborales.  Hay que involucrar a los diversos sectores pero con miras a tener un producto final que va a complementar la legislación que hay, con miras a tener una administración pública moderna y eficiente.

Combate a la corrupción

En la lucha contra la corrupción, el exmagistrado afirmó que las instituciones de justicia están funcionando tal vez no al ritmo que se quisiera con la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia y el año que lleva el Fiscal General. “Lo importante es que se pongan fin a prácticas de corrupción que terminan afectando a la población”.

“Cuando se ven esos millones que contribuimos todos para salud, educación, para protección del medio ambiente, para pensiones y que luego se terminan distrayendo para satisfacer intereses privados, terminan afectando los derechos de las personas”, recalcó González.

“La corrupción es una forma de afectación de los derechos de las personas, ahí hay una tarea importante de las instituciones que para eso están”, sostuvo.

Como parte del trabajo anticorrupción, el ex magistrado afirmó que la Fiscalía dispuesto desde el  último cuatrimestre de 2015, que todos los casos de corrupción que la Corte Suprema de Justicia enviara, se continuaran indagando y se sabe que se pasó a algo más fuertes, la investigación de delitos y se judicializaron.

Se apoyaron en la Ley de enriquecimiento ilícito que venía de 1959 pero que dos decisiones importantes la dinamizaron: la del Instituto de Acceso a la Información Pública y de la Corte de abrir el tema de Probidad.  Varias instituciones de transparencia ONGs llegaron al país con la finalidad de vigilar la “cosa pública”, a pedir que se hicieran las declaraciones de las cuentas de los presidente Flores, Saca y Funes; y eso se hizo con el ex fiscal de la República, Luis Martínez,  un expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, además con alcaldes, ministros, presidentes de autónomas, Seguro Social, entre otras.

González afirmó que ese trabajo ha continuado en la Fiscalía General de la República. “Veo al fiscal Raúl Melara, no me consta, pero lo veo como ciudadano, que los casos que de Probidad  le envían, por ejemplo en el expediente de Sigfrido Reyes eran  2,800 páginas, el informe de Probidad que nosotros vimos era de unas 600 páginas, lo que indica que la Fiscalía ha hecho su propia investigación y con las herramientas que tiene ha atado cabos y ha realizado entrevistas a posibles testigos, revisado documentos y obtenido todos los indicios y con todo ha conformado una acusación de casi 3,000 páginas, lo que indica que las instituciones están uniendo esfuerzos y vemos resultados en el combate a la corrupción”.

La decisión de quien es procesado es de la Fiscalía y de los jueces penales; pero la detección de estructuras de prácticas que afectan la hacienda pública como el caso del expresidente Saca que extrajo más de $300 millones de las arcas del Estado para fines ilícitos merece la pena, porque este no es un país al que le sobra el dinero y la institucionalidad debe estar a la altura de las circunstancias.

En el año que lleva el Fiscal Melara ya se ven resultado, y lo importante, es que se detecten prácticas de corrupción que terminan afectando a la población.

La CICIES “es un error”

En el tema de la CICIES, el exmagistrado González afirmó que es un error llamar a los organismos internacionales para que vengan hacernos el trabajo que corresponde a las instituciones internas. “Si no funciona la Corte de Cuentas, traigamos una Corte de Cuentas Internacional para que revise el manejo de fondos públicos que hacen los ministerios… Vamos a duplicar la institucionalidad. Primero hay que echar andar la institucionalidad interna como Probidad de la Corte, Fiscalía,  Instituto de Acceso a la Información Pública que ya han producido resultados. En los últimos cinco años han procesado casos  de mal manejo de  fondos públicos y se ha hecho con la institucionalidad interna”.

“Si viene Naciones Unidas a resolver nuestros problemas, la institucionalidad no funciona”, recalcó Ganzález

Por ejemplo se está procesando los casos de los militares involucrados en delitos de lesa humanidad, se investigan las masacres como por ejemplo de El Mozote, ¿porqué va a venir tribunales internacionales ha investigar hechos que se cometieron en el pasado conflicto? Si las instituciones que hay tienen la capacidad para investigar esos hechos.

“Una vez que se determina que los esfuerzos internos no son suficientes para investigar un hecho o varios casos, se pide apoyo internacional”.

Por último el exmagistrado González afirmó que aún faltan exfuncionarios de las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén por investigar, ese es el reto que tienen las autoridades.

 

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