Exmagistrado dice que proceso abreviado “busca la verdad material y real de un hecho”

En la entrevista Frente a Frente, René Hernández Valiente explicó que el proceso abreviado se creó para simplificar el proceso penal.

Foto Twitter Frente a Frente

Por Diana Escalante

May 15, 2019- 09:12

El abogado constitucionalista y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente, defendió este miércoles la figura del procedimiento abreviado, que se creó en 1998, para que un imputado de cualquier delito pueda acogerse a él y con ello se le reduzca la pena de cárcel.

En la entrevista televisiva Frente a Frente, el jurista explicó que el proceso abreviado se creó para simplificar el proceso penal, el cual “busca la verdad material y real de un hecho”. A juicio de Hernández Valiente, en El Salvador los jueces han aplicado bien esta figura legal y eso le ha ahorrado tiempo y dinero al sistema judicial.

El tema ha estado en agenda en las últimas semanas cuando se conoció que la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, como lo hizo el año pasado su esposo, Elías Antonio Saca, acordó con la Fiscalía General admitir que cometió el delito de lavado de dinero a cambio de enfrentar un proceso abreviado.

El lunes pasado, el Juzgado Séptimo de Instrucción realizó la audiencia de aportación de pruebas y el Ministerio Público informó que se rompería el acuerdo debido a que la exfuncionaria se negaba a reintegrar al Estado los $17 millones que la acusa de haber lavado.

La defensa argumentó que De Saca no puede devolver ese dinero porque las autoridades le han inmovilizado sus bienes o tiene control sobre ellos.

Con la ruptura del pacto, la imputada deberá enfrentar un proceso penal ordinario, con el cual puede ser condenada a penas de entre 5 y 15 años de cárcel si es declarada culpable.

Hernández Valiente opinó que la ex primera dama no puede reintegrar ese monto porque el sistema judicial ha hecho un trabajo “eficiente” al congelarle los bienes. Agregó que la Fiscalía General debe probar que ella efectivamente blanqueó esa cantidad de dinero.

El año pasado, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, junto a cinco funcionarios de su administración, lograron un acuerdo con el Ministerio Público para admitir ante un juez que cometieron el delito de lavado de dinero y a cambio se les impusieran penas mínimas de prisión.

El exmandatario fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y peculado. Las investigaciones del Ministerio Público indican que en su administración fueron sustraídos del Estado más de $300 millones para ser transferidos a cuentas particulares y de sus empresas.

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