Juez autoriza exhumar cadáveres de dos jóvenes enterrados en la Universidad El Salvador durante el conflicto armado

Una de las víctimas era dirigente universitario en Santa Ana. Fue tomado por la fuerza por un grupo armado.

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Representantes del Ministerio de Obras Públicas, el criminalista de Fiscalía, Israel Ticas, así como del Miniterio de Salud participaron en la audiencia en la que el juez 11 de Paz resolvió que sean desenterrados los cadáveres de dos universitarios muerto en 1980 en la sede universitaria occidente. FOTO EDH/Jaime López

Por Jaime López

2020-01-10 4:58:48

El Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador resolvió este viernes autorizar la recuperación de los restos humanos de dos jóvenes universitarios que murieron en distintas circunstancias en Santa Ana; uno pereció en un accidente de tránsito y otro fue víctima de la violencia del conflicto armado que vivía el país entre 1980 a 1992.

Según la Fiscalía, una de esas víctimas fue identificada como Raúl Hernández y fue asesinado el 6 de marzo de 1980 junto a otros 19 más. Las investigaciones indican que el joven era dirigente de una organización estudiantil de aquella época y que antes de su muerte, había sostenido una reunión con otros 20 estudiantes, quienes al salir fueron interceptados por hombres armados y los introdujeron en un vehículo.

Otro de los jóvenes que murió, y que sus parientes reclaman sus restos en esta ocasión, fue identificado como Carlos Mauricio Arias quien pereció en un accidente de tránsito ocurrido en 1980 en Santa Ana.

Aunque murieron en circunstancias diferentes, los cadáveres de los dos jóvenes fueron enterrados en un terreno baldío contiguo a la plaza Salvador Allende de la Universidad de El Salvador en Santa Ana.

En el caso de Hernández y sus otros 19 compañeros, todos fueron tomados por la fuerza, los introdujeron en un vehículo y más adelante fueron asesinados en un terreno baldío cerca de la sede universitaria de occidente, pero solo dejaron a la vista el cadáver de uno de los jóvenes, mientras los otros 19 fueron abandonados en otro lugar.

Los parientes reconocieron los restos de Hernández y de Mauricio Arias poco después de sus muertes pero por el contexto que vivía el país, no pudieron darles cristiana sepultura.

La Fiscalía, al amparo de la derogación de la Ley de Amnistía y a petición de los parientes, investigan la muerte de los estudiantes asesinados en esa ocasión para deducir responsabilidades, ya que no se sabe si sus homicidas pertenecían al Ejército o si fueron grupos armados irregulares de la época.

A la audiencia especial asistieron funcionarios de distintas instituciones como Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el experto en criminalística de la Fiscalía para proceder a la exhumación de los dos cadáveres el próximo 16 de enero.