Ex funcionario de Centros Penales es detenido por ejercer la abogacía con título falso

El exfuncionario fungió en 2019 en el cargo de jefe del Registro y Control Penitenciario sin tener los atestados profesionales.

Cortesía Fiscalia

Por Jaime López

May 20, 2020- 16:37

El ex jefe del Registro y Control Penitenciario, Luis de Jesús de la O Tobar, fue detenido la mañana de este miércoles en Soyapango por el delito de uso y tenencia de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión en perjuicio de la Fe Pública.

La detención del imputado se hizo efectiva en la colonia Sierra Morena, del municipio de Soyapango, informó la Fiscalía General de la República.

Las investigaciones de la Fiscalía contra De la O Tobar inician luego de la publicación de un periódico digital en la que señalaba que el imputado fue contratado por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), en 2019, como jefe del Registro y Control Penitenciario, para lo cual se hizo pasar como Licenciado en Ciencias Jurídicas, requisito indispensable para acceder al cargo, según reza el manual de descripción del puesto de la DGCP.

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Los fiscales del caso aseguran que De la O incorporó en su hoja de vida o currículum una copia de un título que lo acredita como Licenciado en Ciencias Jurídicas, documento que no existe en ningún registro de las diferentes universidades del país o institución de educación superior.

“Había sido contratado como jefe del Registro y Control Penitenciario”, dijo el Fiscal General, Raúl Melara.

Títulos falsos

Hace un mes, la Policía detuvo a tres hombres que tenían en su poder alrededor de  100 títulos de distintas universidades y 200 sellos oficiales falsos.

Las detenciones de Nelson Edgardo Guzmán Olmedo, de 50 años; Nicolás Pérez Mártir, de 63; y Milton Fabricio Guzmán Olmedo, de 55; se registraron en dos imprentas situadas en alameda Juan Pablo Segundo y avenida Monseñor Romero.

El implicado había sido contratado en la gestión de Osiris Luna. Foto/ Archivo

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Las investigaciones policiales arrojaron que los detenidos elaboraban los títulos universitarios por encargo, los interesados pagaban entre 80 y 100 dólares por el documento. Las autoridades dijeron que las universidades, cuyos nombres aparecen en los títulos, no tenían nada que ver con las falsificaciones.

Los imputados falsificaban sellos, firmas, y emblemas de las universidades. Los títulos los entregaban con certificación de notas y la constancia de inscripción del Ministerio de Educación, pero falsas.

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