Dos días antes de terminar su gestión como Fiscal General, Luis Martínez ordenó que ya no se investigara a Enrique Rais y a Hugo Ernesto Blanco Rais, por lavado de dinero relacionado a tres sociedades de sus sociedades según el requerimiento fiscal en contra del ex fiscal general y otras 29 personas acusadas de integrar una red de corrupción dentro y fuera de la Fiscalía General en la gestión de Martínez.
Esa investigación correspondía al expediente fiscal con referencia 29-UIF-2012, iniciado el 6 de noviembre del 2012, por medio de informe remitido según oficio #1681-UDPP-DCI-12 de fecha del 1 de noviembre del 2012.
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La investigación comenzó en enero del 2013 a las sociedades Multinegocios Salvadoreños, Aguas Azues y Grupo H.R.C., comunicaciones y Alternativas, en las que aparecían ligados Cristian Armando Barrutia Rivera y Carlos Orlando García Rivera. Un mes después, febrero 2013, la investigación se extendió a Enrique Rais y a Hugo Blanco Rais porque aparecían vinculados a las sociedades que eran indagadas.
Cuando el caso estaba en la etapa de análisis de la información financiera, registral y tributaria que se había obtenido en la investigación. Luis Martínez le pidió al entonces jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía Tovías Armando Menjívar Tovar que le informara sobre el caso denominado Aguas Azules.
La referida unidad fiscal había requerido información relacionada a Rais y a Blanco a los oficiales de cumplimiento de las instituciones bancarias.
Menjívar Tovar le sugirió a Martínez que era necesario pasarlo a la Unidad de Análisis para someterlo a la verificación financiera para poder acusar a los involucrados en el caso.
Sin embargo, el ex fiscal general le respondió: “no hombre, hay que achivar esa babosada”, a lo que Menjívar Tovar le respondió que “era necesario verificar la documentación para fundamentar el archivo”.
Martínez le replicó: “No, archivemos y después manda un oficio a todos los bancos informando de que ya está archivado ese caso, que no hay investigación abierta, y le das copia del auto de archivo Hugo (refiriéndose a Hugo Blanco Rais)”.
Aún cuando sabía que era una orden ilegal, Menjívar Tovar le respondió “de acuerdo jefe” y accedió a la orden de Martínez porque de lo contrario iba a tener problemas con él, “pues el señor Luis Martínez, era de carácter explosivo”.
Menjívar Tovar le reasignó el expediente a una de sus subalternas que por la amistad que ella tenía con Martínez, no se iba a negar a cumplir con la orden del ex fiscal.
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El uno de diciembre del 2015, se elaboró el escrito en el que se archivaba de manera definitiva la investigación contra Rais y Blanco.
Parte de la resolución señalaba que “en el presente caso no es posible proceder en vista de no adecuarse los hechos investigados a ninguna figura jurídica, contenida dentro de la Ley contra el Lavado de Dinero” y agrega que “al efectuarse un análisis del perfil económico de las personas investigadas, éstas tanto en su calidad personal, así como en otros casos a través de las sociedades que dieron origen a la presente investigación, así como también, es de tomar en cuenta el método utilizado para efectuar los mismos, el cual es el sistema de transferencia de fondos bancarios de manera electrónica, es decir, por los canales y vías legales ordinarias”.
A pesar de que Menjívar Tovar firmó la referida resolución por ser el entonces jefe de la UIF, en su declaración rendida el 15 de agosto pasado, aseguró que los argumentos para archivar el caso de forma definitiva eran falsos, “ya que no se realizó ningún tipo de análisis financiero al expediente (en el que aparecen investigados Enrique Rais y Hugo Blanco Rais)”.
El caso anterior es uno de los seis expedientes de investigación en los que Martínez le vendió “justicia” a Rais y a Blanco a cambio de 48 viajes en sus aviones privados, cuatro vehículos de lujo y dinero en efectivo, según el requerimiento fiscal.
Martínez favorecía a esas dos personas dependiendo de la calidad que tenían en los expedientes de investigación que tenían en la Fiscalía General, ya sea como víctimas o como imputados.
“Ya sea exonerándolos de responsabilidad penal o promoviendo causas penales contra terceras personas, para favorecer sus intereses”, señala el requerimiento fiscal.
Los beneficios económicos que recibió Martínez por esos favores comprendieron 48 vuelos al exterior en aviones propiedad de Rais y de Blanco, cuatro vehículos de lujo y una cantidad de dinero no determinada en uno de sus viajes a Barbados.
Los 48 viajes tuvieron un costo de un millón 348 mil 220 dólares asumido por las empresas ligadas a Enrique Rais. Se toma en cuenta los vuelos de salida de El Salvador más los vuelos de entrada a El salvador que suman 96 vuelos en total, realizados entre el 6 de febrero del 2013 y el 24 de noviembre del 2015.
Se detalla en el requerimiento fiscal que de los 48 vuelos, seis fueron de turismo a un costo de $186 mil 860; trece viajes reportados como de negocios con un valor de $265,470 y los otros 25 vuelos los reportó como misiones oficiales a un costo de $857,290.
Hay cuatro viajes reportados por Martínez como “oficiales”, pero no están registrados en la Fiscalía General. Éstos últimos le costaron $38,600 a Rais y a Blanco.