El exfiscal general de la República, Luis Martínez, fue enviado a juicio por el delito de divulgación de material reservado o revelar públicamente información privada en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como padre Toño.
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador resolvió este lunes que el caso pase a la siguiente etapa judicial.
Juzgado Octavo de Instrucción envía a juicio al exfiscal general, Luis Martínez, por divulgar material reservado en perjuicio del padre Antonio Rodríguez. pic.twitter.com/uw6TD036EO
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 22 de octubre de 2018
El 26 de agosto de 2016, el sacerdote demandó a Martínez por haber hecho pública una conversación íntima que él habría tenido con otra persona y que fue interceptada por el Centro de Escuchas Telefónicas de la institución.
“Padre Toño” denuncia a exfiscal Luis Martínez
Asegura que el exfuncionario divulgó de forma indebida conversaciones de él, las cuales las obtuvo por medio de escuchas telefónicas
Los señalamientos hechos por el padre Toño habrían ocurrido en 2014, cuando Martínez dirigía la Fiscalía General de la República (FGR).
Como prueba en contra del exfiscal Martínez, la FGR presentó 11 audios que fueron divulgados, además de 14 testigos y al menos 20 documentos.
Según el ministerio público, el juez admitió “la totalidad de la prueba presentada”.
VIDEO: FGR
Este es otro de los procesos penales que enfrenta Martínez, pues el domingo fue remitido a prisión preventiva por un Juzgado de Paz de San Salvador por presuntamente liderar una red de corrupción en la FGR, mientras él fungió en el cargo de titular de la institución (entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015).
Martínez dice que se aísla en la cárcel por temor a sus “enemigos”
En su defensa, el ex-Fiscal General aseguró que corre peligro en la prisión por el cargo que ejerció. Jueza le negó la libertad condicional.
En el año 2000, el sacerdote español Antonio Rodríguez López Tercero, padre Toño, llegó a El Salvador como parte de la Congregación Pasionista y Director de la organización no gubernamental Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Comenzó a estar en el ojo público cuando en septiembre de 2010 leyó un comunicado de las pandillas en la que proponía al Gobierno que dialogara con estos grupos para frenar los homicidios.