Exempleados públicos despedidos denuncian falta de respuesta del Tribunal del Servicio Civil

A un año de haber sido cesados, los exfuncionarios se quejan de la exclusión del gobierno de Nayib Bukele de los beneficios de los $300 y la canasta solidaria.

Por Jaime López

Jun 26, 2020- 11:14

Representantes de más de 8,000 empleados de 33 instituciones del Gobierno despedidos hace un año por orden del actual presidente Nayib Bukele, piden respuestas a los procesos emprendidos en el Tribunal del Servicio Civil, Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.

Aunque Bukele afirmó que buscaba reducir los costos al Estado con eliminar esas plazas “innecesarias”, en la realidad no significó reducir la planilla estatal, sino que permitió que esas plazas fueran llenadas por activistas de Nuevas Ideas, denunciaron los manifestantes.

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Alegan que el despido injustificado les ha violentado los procedimientos que establece la Ley del Servicio Civil; como el derecho de audiencia y defensa, que además están consagrados en la Constitución.

Los ex empleados públicos se quejan de falta de una pronta y cumplida justicia de las instituciones en este caso que consideran de violación a los derechos humanos, derechos laborales, de seguir el debido proceso y llegar a una resolución.

Salomón Alfaro del Movimiento de los Trabajadores Despedidos estima que a un año de despido ya debieron haber tenido respuesta en sus demandas, ya que en el caso del Tribunal del Servicio Civil la ley dice que tiene tres meses para resolver y ha pasado un año sin dar respuesta a sus casos.

“Nosotros exigimos respuesta a nuestras demandas sean positivas o negativas”, afirmó Alfaro. Dicen que desde hace un año no han tenido respaldo del Seguro Social en sus necesidades de atención médica, tampoco apoyo económico las AFP y del mismo gobierno que en la emergencia y cuarentena por COVID-19, los dejó por fuera de la ayuda de los $300 y canasta solidaria, afirmó Rodrigo Cerritos, otro demandante.

“En medio de una pandemia y una crisis que vive el país y, un estira y encoge de los poderes del Estado, hay más 8,000 trabajadores que ya tenemos mucho tiempo de estar en situaciones complicadas. El COVID-19 ha venido a terminar de afectar porque no se ha recibido apoyo del Ejecutivo por medio de los $300 ni otras instancias”, denunció Cerritos.

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