“Confiamos en Dios, en un juicio justo y en un juez independiente”, dijo ayer el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, antes de enfrentar la audiencia inicial por supuestos actos de corrupción en la administración de las tiendas penitenciarias.
Además de Lima, la Fiscalía General acusa al exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y otros 19 exfuncionarios del referido ministerio y empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Los fiscales del caso pidieron en la audiencia inicial instalada por el juzgado Sexto de Paz que les sea decretada la detención preventiva debido a que los delitos por los que son acusados son graves.
A las 21 personas se les imputa peculado (apropiarse de recursos públicos), actos arbitrarios, falsedad material y cohecho impropio (soborno). De ese total, 17 imputados enfrentaron la audiencia inicial, mientras que los otros cuatro son considerados como prófugos.
”Ellos sustraían dinero (a través de la entidad Asocambio), para beneficio propio”, dijo una fiscal. Agregó que para poder sustraer ese dinero, los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad Pública crearon la asociación Yo cambio (Asocambio) para poder administrar las tiendas penitenciarias que funcionan en los 21 penales.
Aseguró que aún no tienen el monto del dinero que habían desviado los acusados porque falta que realizar una pericia contable financiera. Sin embargo, el fiscal general impuesto Rodolfo Delgado aseguró el día de las capturas que nueve de los acusados fueron detenidos y que el monto ascendía a $14 millones.
Pero Luis Servellón, quien defiende al subdirector jurídico del Ministerio de Seguridad, Sergio Chicas, aseguró que las fiscales del caso no supieron detallar en la audiencia, el monto que habrían desviado los acusados.
“En la página 170 del requerimiento fiscal, una de las diligencias que piden es una pericia para determinar el monto defraudado, eso no lo tiene todavía, entonces la lesividad del bien jurídico que se protege a través de los actos arbitrarios tampoco se da”, dijo Servellón.
Pedro Cruz, defensor de Ramírez Landaverde y Lima, consideró que “es un acto de injusticia, de arbitrariedad, y de ilegalidad en contra de exfuncionarios que no han cometido ningún hecho delictivo”.
Aseguró que se les acusa “solo para lanzar una cortina de humo por otros problemas serios y graves que tiene el país”.
Agregó que el dinero que generaban las tiendas penitenciarias administradas por Asocambio fue invertido en programas de rehabilitación y de Salud para la población reclusa, y en el mejoramiento del sistema penitenciario.
“La acusación o requerimiento fiscal yo lo podría calificar como una flatulencia jurídica “, dijo Cruz.
Miguel Ángel Anaya, defensor de dos empleados de ANDA, aseguró que ellos recibieron órdenes de las autoridades de la autónoma de ir a trabajar en un proyecto de instalación de tuberías en el centro penal de Izalco, Sonsonate, por los que recibieron pagos de horas extras y no fueron dádivas como los acusa la Fiscalía.
“Esto es cuestión de Presidencia, esto es cuestión en donde el señor Frederick también ha tenido responsabilidad porque él era gerente general en ese momento y nosotros no lo vemos en el proceso incorporado. Cuando vemos a nuestros representados que son subalternos y ellos no tienen ningún puesto de dirección”, dijo Anaya.
La audiencia inició a las 11:00 de la mañana, dos horas después de lo previsto, debido a que se presentaron otros ocho acusados al juzgado Sexto de Paz para la notificación de los cargos en su contra.
Éstos ocho imputados son empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y que son acusado de recibir sobornos.
Ya con los últimos acusados sumaban 17 imputados los que enfrentaban la audiencia inicial y para quienes la Fiscalía General ha pedido que le sea decretada la detención preventiva.
La audiencia seguía a las 6:30 de la tarde con la exposición de las pruebas de descargo de los defensores de cinco imputados de 18 acusados que están presentes en la audiencia.