Para esta mañana está previsto que Tribunal Especializado A instale el juicio contra el ex alcalde de Apopa, Elías Hernández acusado de organizaciones terroristas al vincularlo a la pandilla 18. Este es segundo juicio que enfrentaría por los mismos cargos al ser anularse el primero.
Además del ex alcalde de Apopa el Tribunal juzgará a tres imputados más. En el primer juicio fue condenado a 12 años de prisión, pero la defensa apeló la resolución y la Cámara Especializada Antimafia ordenó repetirle el juicio.
Según Fiscalía, el ex alcalde José Elías Hernández realizó ciertos favores mareros a cambio de que votaran por él para reelegirse como alcalde.
El Ministerio Público asegura tener suficientes pruebas que lo incriminan en el delito organizaciones terroristas. “Los pandilleros llegaban a la alcaldía de Apopa, ingresaban le solicitaban al alcalde suministro de combustible, les daba aportación económica a cambio de que ellos mantuvieran el control de la ciudad”, manifestó uno de los fiscales del caso.
El juicio está previsto que dure cuatro días. A la audiencia comparecerá el ex edil y otro imputado más, mientras dos más seguirá el juicio en el penal donde se encuentran por video conferencia.
Durante el primer juicio, el juez lo absolvió del delito de homicidio agravado y lo condenó por el delito agrupaciones ilícitas luego de que se comprobara que a la pandilla 18 se le entregó plazas, combustible, reparación de vehículos, líneas telefónicas y dinero.
Alcalde se apropió de forma indebida de más de $626,000
En junio de este año, el ex alcalde de Apopa, su esposa y su hijo fueron acusados de apropiarse de forma indebida de más de $626,000 cuando Hernández fungió como jefe edilicio de Apopa entre 2013 y 2016.
El juez Segundo de Paz de San Salvador resolvió dejar en libertad condicional a 21 imputados, excepto a Elías Hernández, quien guarda prisión por otros delitos, mientras a los demás impuso medidas alternas a la prisión.
Uno de los fiscales del caso afirmó que el exalcalde, su esposa Evelinda Serrano de Hernández, y su hijo Darwin Hernández Serrano, dirigían la banda que proveía bienes y servicios a la alcaldía como juguetes, materiales de construcción.
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones para la Administración Pública (LACAP) prohíbe que familiares de un funcionario público participe en licitaciones, por lo que aplicaron el mecanismo de la “libre gestión”, con el fin de que terceras personas colocadas por familiares del exalcalde participaran de la licitación y las ganaban, dice Fiscalía.
Luego, “esas personas cobraban los cheques pero los que al final se beneficiaban eran los familiares del señor alcalde”, explicó el fiscal.
“Se ha logrado determinar que en una ocasión ella cobró un cheque por $35,000, que abonó a una cuenta de una persona que tenemos identificada que no tiene existencia con el número de DUI, ni su NIT aparece registrado”, añadió el fiscal.