El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, informó que esa cartera de Estado lleva un proceso de investigación entorno a 50 denuncias “certificadas” que han recibido en lo que va de este año; las cuales están relacionadas con anomalías en centros educativos del sector público y privado.
En enero pasado, en el marco del inicio del año escolar, explicó que en ese momento habían recibido 120 quejas que estaban por investigar.
Castaneda aseguró que de las denuncias que están procesando en este momento 40 son de instituciones educativas públicas y 10 de colegios.
“Actualmente, (entre) las denuncias más recurrentes que hemos tenido (están) por ejemplo las llegadas tardes de maestros a la escuela. Hemos tenido también denuncias de cobros que tienen que ver con determinados aranceles que ni siquiera son presentados en asamblea general de padres y madres de familia… pero recurrentemente se nos da más que todo en los colegios privados”, aseveró.
Expuso que las instituciones educativas privadas suelen hacer cobros hasta para emitir determinadas constancias o para entregar certificados, aunque estos no han sido acordados en asamblea general de padres, o que no han sido abordados con estos en el tiempo que la legislación establece.
El viceministro Castaneda sostiene que si bien el tema de los cobros adicionales es más frecuente en lo privado, los centros de educación pública no quedan al margen.
Argumenta que a pesar de que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) asigna presupuesto anual a los centros educativos públicos, desde ahí surgen quejas de parte de padres de familia, las que generalmente están vinculadas con el pago de determinada cantidad de dinero para hacer reparaciones menores en la infraestructura escolar, compra de instrumentos musicales o la preparación de los alimentos.
Según lo externado por Castaneda, las denuncias, sobre todo las que tienen que ver con el tema del pago para preparación de refrigerio escolar en las escuelas, tienden a reportarse más en el área urbana, en donde los padres no pueden llegar a las escuelas a apoyar con esa tarea porque en su mayoría trabajan.
“En el área rural hay más unidad entre los maestros y la comunidad educativa, y hay más disposición de los padres de familia para colaborar con las actividades internas de los centros educativos”, explicó.
El funcionario señaló que en la mayoría de los casos las denuncias llegan al Ministerio a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), y algunas en forma directa a los despachos de los titulares.
“Entonces a partir de esas llamadas nosotros ordenamos inmediatamente que, de acuerdo al tipo de la denuncia o la fundamentación de la denuncia, procedamos; si hay que enviar a alguien de la dirección jurídica, o hay que enviar a alguien de auditoría interna, o si hay que remitirlo a las juntas de la carrera docente. Todo depende de la denuncia y de la recurrencia con que tenemos esa denuncia”, sostuvo.
Castaneda externó que hay casos que los mandan directamente al área jurídica, como el del motorista que denunciaron en La Unión porque lo sorprendieron cuando conducía en estado de ebriedad un vehículo de la institución.
No obstante, si se trata de llamadas en las cuales advierten sobre maestros que se llevan los alimentos de la escuela, pero no hay ninguna evidencia, ni imágenes de respaldo, entonces proceden a enviar una auditoria para ver cómo se está manejando el programa de alimentos.
Entre las denuncias que están procesando, según expresó el viceministro Francisco Castaneda, también hay siete que están relacionadas con acoso sexual hacia alumnas de parte de maestros. Estos reportes proceden tanto de escuelas como de colegios.
El viceministro señala que el número de denuncias sobre acoso que han recibido podrían estar por debajo de la realidad, debido a que aún hay falta de cultura de denuncia de estas situaciones.